El fiscal federal Jorge Di Lello pidió hoy que se cite a declaración indagatoria al intendente de San Isidro, Gustavo Posse, en una causa por supuesta defraudación en la construcción de viviendas sociales con fondos nacionales para un barrio carenciado en ese partido del norte del conurbano bonaerense.

En un extenso dictamen al que accedió Télam, el fiscal solicitó al juez federal Sebastián Ramos que se indague a Posse y a otros imputados por supuesta defraudación contra la administración pública por la falta de construcción de viviendas en el barrio "Martín y Omar" en el bajo de San Isidro.

Según la denuncia, debían edificarse 250 casas en el marco del Plan Federal de Viviendas pero sólo se hicieron 44, pese a lo cual los certificados de obra dieron cuenta de que el 99,44 por ciento de las viviendas habían sido terminadas.

Di Lello visitó en persona el barrio e inspeccionó las casas, antes de emitir el dictamen donde reclama las indagatorias en base a un perjuicio al Estado Nacional calculado en 31 millones de pesos, fondos que fueron girados a la Municipalidad de Vicente López por parte del gobierno nacional.

Posse "estaba obligado como máxima autoridad municipal a velar porque los fondos del Plan Federal de Viviendas se aplicaran a los pagos de la obra para los que estaban destinados, en base a las rendiciones de cuenta y pedidos de entregas parciales según el avance de las obras", advirtió el fiscal.

Además pidió indagar a funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y a los responsables de las tres empresas contratadas para las obras y su certificación, "Soluciones Urbanas SRL", "Emaco SA" e "Inelco".

También pidió indagar a quien era por entonces supervisora de Obras del Instituto de la Vivienda bonaerense, María de los Angeles Polantinos.

En el dictamen incluyó para ser citado al secretario de Obras Públicas de San Isidro, Bernardo Landívar, al subsecretario Federico García y a otros funcionarios.

De las 250 viviendas que debían edificarse con fondos nacionales y cumpliendo "exigencias edilicias y de equpamiento" sólo se hicieron 44, en el marco del llamado "proyecto 48" para San Isidro.

"El valor total de la obra era de 37.682.054 pesos", recordó el fiscal.

Según informes incorporados en la causa, las 44 viviendas construidas representaron el 17,6 por ciento del total, por lo que el perjuicio al Estado Nacional rondaría los 31 millones de pesos.

Di Lello aludió a un informe de la Procuraduría contra el lavado de activos (Procelac) que "desnudó una compleja trama de vinculaciones" entre los imputados "que robustece" las sospechas del delito.