"Estamos satisfechos con la sentencia y en especial con el hecho de que se haya hecho lugar a un pedido nuestro de reparación para los trabajadores de Astilleros Río Santiago que están en edad de jubilarse y a los que les faltan años porque no pudieron trabajar los años que fueron víctimas de la dictadura", dijo a la agencia nacional de noticias, Télam, el fiscal Hernán Schapiro.

El fiscal aludió en particular a una medida consentida por el TOF 1 de La Plata para que la dispensa de que gozan hoy 28 ex trabajadores de Astilleros, por la cual cobran su salario sin ir a trabajar, "se mantenga hasta que el Estado los jubile en la categoría máxima que les hubiere correspondido de haber podido seguir prestando servicios con normalidad".

"El Estado será quien integre los aportes que les faltan para jubilarse", precisó Schapiro y señaló que esta medida le será comunicada a las autoridades de Astillero y también al Estado nacional para que "establezca las medidas necesarias para que

estos trabajadores puedan jubilarse".

El fiscal explicó que "esta reparación será extensiva a los familiares de los trabajadores (víctimas de la dictadura) ya fallecidos y a los ex trabajadores que puedan demostrar que se encontraban en la misma situación" de víctimas del terrorismo de Estado.

Desde el ámbito político el diputado Héctor Recalde afirmó que es "trascendente" el fallo dado que "avanza sobre las complicidades civiles" entre grupos económicos y los responsables de la dictadura cívico militar de 1976-1983.

El TOF 1 de La Plata impuso antes de anoche la pena de prisión perpetua a quienes eran jefes de la Fuerza de Tareas 5 Jorge Alberto Errecaborde, del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM 3) José Casimiro Fernández Carró y al jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3 Roberto Eduardo Fernando Guitian.

Los tres fueron condenados por diversos grados de participación en los homicidios calificados de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, además de varios casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.

Además, condenó a 25 años de prisión a quienes eran en la época jefes de Operaciones Navales de la Armada Antonio Vañek, de la FT5 y del Liceo Juan Carlos Herzberg, de la Zona Río de La Plata de la Prefectura Luis Rocca, al oficial Eduardo Antonio Meza y al entonces jefe de Prefectura Carlos José Ramón Schaller.

El Tribunal resolvió también por mayoría revocar las prisiones domiciliarias de la que gozaban algunos de estos represores y ordenó que se reparen los legajos de las víctimas para dejar constancia de los verdaderos motivos del cese de la relación laboral en Astilleros Río Santiago, YPF y Propulsora Siderúrgica, causado por la represión de la última dictadura.