La fiscal de juicio Gabriela Baigún dictaminó por sobreseer a todos los imputados de la causa del "Plan Qunita" tras considerar que a lo largo de la investigación no se logró constatar que los acusados ​​hayan incurrido en los delitos de fraude a la administración pública, ni el de abuso de autoridad, en el caso de los exfuncionarios investigados, informaron fuentes judiciales. 

En tanto, la fiscal formalizó la presentación ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que ahora deberá determinar si sobresee o no a los acusados ​​y, en consecuencia, si se hace o no el juicio oral y público.

El expediente de la causa del Plan Qunita fue instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, quien en su momento procesó al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y al exministro de Salud de la Nación y actual titular de esa cartera en la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, y su actual viceministro, Nicolás Kreplak, entre otros.

"Inexistencia de sobreprecios": La fiscal Baigún pidió el sobreseimiento de todos los imputados por el Plan Qunita


"La nueva prueba colectada en autos en el marco de la instrucción suplementaria y su valoración conjunta con los elementos que se encontraban acumulados al expediente, permiten concluir que, en este caso, ninguna de ambas conductas por las que se promovió la acción penal constituye delito ", sostuvo la fiscal en el dictamen que dio a conocer la Agencia Télam.

Durante la instrucción suplementaria del caso Qunita, en el que se investigó si hubo irregularidades en la licitación para la entrega de kits de cunas, chupete, moisés, entre otros, se llevó a cabo una pericia que determinó que no hubo perjuicio a la administración pública ni se pudo constatar el direccionamiento hacia las empresas que ganaron la licitación.

Entre las primeras consideraciones formuladas por la fiscal en su dictamen de 70 páginas, Baigún recordó que en este caso “recién se llevó adelante un peritaje contable y uno técnico con posterioridad a la elevación a juicio, como consecuencia de los pedidos realizados por las defensas y por este Ministerio Público Fiscal”.

La causa avanzó hasta el punto de ser elevado a juicio oral, a partir de una instrucción que, al no haber logrado determinar a través de un peritaje los precios de los kits, utilizó como parámetros para acreditar la existencia de sobreprecios una valuación realizada en función de facturas aportadas por la denunciante Graciela Ocaña y los valores aportados por la Sigen resultantes de las órdenes de trabajo.

En el dictamen presentado, la fiscal Baigún detalló que analizó cada uno de los precios used para la instrucción del caso y luego aseveró que el análisis de los informes elaborados en el marco del peritaje contable terminó de convencerla “sobre la inexistencia de sobreprecios en la licitación investigada” .

En su momento, el juez Bonadio había ordenado destruir los elementos de los kits que podrían resultar peligrosos para la salud de los recién nacidos, decisión que no llegó a concretarse.