La ley 14.836 que se aprobó en las dos cámaras, fue impulsada por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, con el apoyo del Frente Renovador. Sin embargo tanto el oficialismo con la oposición tienen la iniciativa de buscar una solución para seguir ampliando sus proyectos municipales.

La norma toma las elecciones del 2015 como punto de partida, por ende muchos de los municipios fuertes del conurbano estarían atravesando la recta final. En el caso de la oposición se encuentra el hermano del ex presidente de la nación,  Jorge Macri que ejerce su intendencia de Vicente López desde 2011. En igual sintonía está la intendencia de Lanús de Néstor Grindetti  elegido en 2015. Diego Valenzuela, mandatario de  Tres de Febrero, corre la misma suerte que Julio Garro también elegido el mismo año. Por otra parte también se vería afectado el radical Gustavo Posse que junto a su padre, gobiernan de manera interrumpida desde el regreso de la democracia.

Por la vereda de enfrente también son varios los casos en los que los intendentes se verían afectados por la 14.836. Tanto el municipio de Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda desde el 2009, y el de Mario Secco, intendente de Ensenada desde 2003  que estuvieron en la primera línea de oposición a Vidal y cosecharon un masivo apoyo en las urnas, pero según la ley no podrían presentarse para un nuevo período en 2023.  “Cada vez que me presento saco más votos” confirmaba Secco al ampliar la diferencia de más de 10 puntos entre la elección 2015 y como la del 2019.

 

 

También están los casos de Alejandro Granados intendente de Ezeiza desde  1995, Fernando Gray de Esteban de Echeverría que gestiona el municipio desde el 2007.  Por otra parte los que fueron elegidos en el 2015 son;  Mario Ishii del partido de José C. Paz, Mariano Cascallares  de Almirante Brown, Ariel Sujarchuk de la localidad de Escobar, Juan Zabaleta de Hurlingham, entre otros.

Por las últimas horas, tanto intendentes de la oposición como del oficialismo, buscan destrabar el conflicto de la manera más acertada. Una de las hipótesis que más resuena en la esfera política es apoyarse en la idea de que la ley no puede ser retroactiva, es decir, que si fue sancionada en el año 2016 no puede establecer como punto de partida las elecciones del año anterior.

Desde la gobernación aseguran que están ocupados en resolver las problemáticas económicas que dejó la gestión de María Eugenia Vidal, pero que a su vez, están al tanto de la preocupación de los intendentes de ambos partidos.  

La provincia de Buenos Aires cuenta con 138 legisladores (entre senadores y diputados), 1097 concejales y 427 consejeros escolares en los 135 municipios que la componen.