Si bien el ritmo es lento, lo cierto es que hay avances en la investigación así como en el "rescate" de Vicentin: en este caso, la justicia federal realizó esta tarde un allanamiento en la sede central de la empresa cerealera, en Reconquista (Santa Fe), con el objetivo de buscar información contable de la firma que sirva como prueba en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de los escandalosos y abultados créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Macri.

La medida fue ordenada por el juez federal porteño Julián Ercolini -lejos de poder vincularse con el kirchnerismo- a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita. La idea del operativo fue acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales.

La medida fue dispuesta en el marco de la investigación que se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de $18.000 millones, casi todos durante el último mes de gestión de Macri, cuando ya había perdido en las elecciones.

Según el informe del director del Banco Nación, Claudio Lozano, la advertencia es que la deuda acumulada violó normativa del banco en relación a préstamos a grandes empresas.

Por esta razón, en la causa se investiga una supuesta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del BN que respondían al último gobierno –entre ellos su ex presidente Javier González Fraga- incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.

Se los acusa de haber otorgado “irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.

La investigación también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.

Fuente: Política Argentina