Amnistía Internacional rechazó el polémico decreto impulsado por Yeanine Añez, que exime de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas que reprimen protestas en apoyo a Evo Morales y remarcó que "debe ser derogado de inmediato".

"La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia, tras las elecciones del 20 de octubre, se ha visto agravada por la intervención y el accionar de las fuerzas seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo", declaró en un comunicado la directora para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas.

Añadió que "los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las Fuerzas Militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos".

AI señaló en que el decreto 4078 del 14 de noviembre, que no fue publicado aún en la Gaceta Oficial del Estado, exime de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos de restablecimiento del orden interno y estabilidad pública cuando sus miembros "actúen en legítima defensa o estado de necesidad".

La organización expresó su preocupación por este decreto "que permite que las posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas queden en la impunidad".

"La altísima tensión social no puede ser una excusa para que las fuerzas de seguridad actúen contrariamente a los estándares internacionales de derechos humanos, ni para fomentar una ola de odio y discriminación racial que ha emergido con fuerza en los últimos días", alertó Guevara Rosas.

Añadió que Áñez, "quien se proclamara presidenta interina, tiene la obligación de detener inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, o atenerse a rendir cuentas ante mecanismos nacionales e internacionales".

En esa línea, refirió que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde los comicios del 20 de octubre al menos 24 personas han muerto y 715 resultado heridas, por lo que llamó a las autoridades a investigar "de manera pronta, exhaustiva e imparcial, estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones a derechos humanos por fuerzas de seguridad y actos de violencia por particulares".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de "grave" al decreto firmado por la autoproclamada presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, porque "desconoce los estándares internacionales de derechos humanos".

"El grave decreto de #Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH", advierte el organismo en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Además, envió una comunicación oficial al gobierno de Añez en el que le informa que visitará al país "de forma inmediata" para "observar la situación de derechos humanos en el país".

CIDH - Comisión Interamericana de Derechos Humanos on Twitter

Fuente: El País Digital