La Cámara Federal porteña apartó al juez Sebastián Casanello de la causa de los aportantes truchos de Cambiemos y frenó el avance de un remanente de la investigación que había quedado en manos del magistrado en donde se buscaba analizar a empleados de empresas contratistas del Estado en la ciudad de Buenos Aires que figuraban entregando dinero en la campaña 2015 y 2017.

Se trata de la parte del expediente originado en una denuncia de Margarita Stolbizer para investigar a las empresas contratistas del Estado que habían aportado a la campaña de Cambiemos 2015 - 2017.

En consecuencia, ese tramo del caso deberá sortearse nuevamente ente los jueces federales, según se desprende del fallo.

En el juzgado de Casanello declararon numerosos testigos, aportantes falsos, quienes, en su mayoría, confirmaron ser beneficiarios de planes sociales y corroboraron estar afiliados al PRO en la provincia de Buenos Aires.

Dijeron en sus declaraciones que nunca fueron realizadas por ellos, por lo que el magistrado decidió enviar a peritar las firmas mediante expertos de la Corte Suprema. La casi totalidad de las fichas de afiliación fueron falsificadas, por lo que el juez entendía que debía investigar una posible falsedad ideológica y falsificación de documento público.

También otros delitos federales en juego ya que algunos de los damnificados son empleados de empresas privadas proveedoras del Estado, en especial de la Ciudad de Buenos Aires.

Casanello también investigaba la hipótesis de que los nombres de estas personas fueros utilizados para camuflar aportes de las empresas.

Vale recordar que, en enero pasado, el fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación judicial para determinar si, en 2015, se cometieron delitos para financiar la campaña electoral que hizo Cambiemos para que Mauricio Macri fuera elegido presidente de la Nación. El caso quedó en manos del juez Ariel Lijo.

Por su parte, el periodista Juan Amorín hizo una investigación sobre la eventual falsificación de los nombres de los aportantes de la campaña que tuvo como principales candidatos a Esteban Bullrich y Graciela Ocaña y la participación apócrifa de más de 800 personas entre beneficiarios de planes y monotributistas sociales.