Un informe realizado por Proyecto Económico, bajo la dirección de la diputada Fernanda Vallejos, y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), presidido por Marisa Duarte, expuso la cantidad de dólares que se escapan de la Argentina a través del corredor fluvial, aéreo y terrestre del Litoral. Una parte está siendo observada por albergar a la Hidrovía Paraná-Paraguay, ¿pero qué pasa con el resto del corredor?

Por esta ruta se transporta el 80% de la mercadería que exporta la Argentina e ingresa el 95% de las importaciones. Pese a su importancia, la falta de controles le cuesta al país millones de dólares por la subfacturación y contrabando de mercaderías, especialmente de granos según ha estado trabajando la Unidad de Información Financiera que preside Carlos Cruz.

La Hidrovía que conecta a la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil y que -debido a su extensión- es el segundo corredor natural en Sudamérica y uno de los más extensos del planeta. Pero el actual sistema de explotación comercial tiene serias deficiencias y genera graves perjuicios económicos a la Argentina. El problema central reside en el déficit en materia de controles y regulaciones, lo que facilita el fraude fiscal y las prácticas ilícitas.

Para la Argentina, el transporte vía el Río Paraná es clave en el comercio internacional de productos agropecuarios, principal fuente de divisas. La falta de controles -las fuerzas de Seguridad solo le piden a las barcazas que muestren la declaración jurada y no controlan todo lo que pasa por el corredor fluvial- hace que también sea un canal de evasión por el cual se escapan los tan necesitados dólares para la economía. 

Además desde la Unidad de Información Financiera (UIF) hacen hincapié en la vital importancia para el abastecimiento energético y el comercio legal y transparente. Sostienen que el Corredor Litoral, también ha sido utilizado, a lo largo de su historia, para llevar a cabo maniobras de contrabando, evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas.

El informe explica los principales perjuicios económicos que le ha generado al país la desregulación de la red troncal del Paraná y advierte también respecto de la necesidad de replantear el modelo de explotación. A lo largo de los 820 kilómetros de esa vía navegable, operan 18 puertos de los cuales 14 están concesionados al sector privado, que reciben por año carga transportada en 1.200.000 camiones y 250.000 vagones de carga en tren.

Considerando el valor total anualizado de las exportaciones de productos contemplados en el capítulo 12 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) -provenientes del agro- durante la última década (2011-2020) la sumatoria según los datos del INDEC es de u$s39.434 millones, mientras que al observar la suma del valor declarado por las aduanas de destino para estos productos argentinos (porotos y subproductos de soja, granos de maíz, harina y grano de trigo), el valor total declarado asciende a u$s49.220 millones. Esto implica una diferencia de casi u$s10.000 millones, sólo por ese capítulo de exportaciones.

"La subfacturación de exportaciones está asociada a graves perjuicios sobre el desenvolvimiento económico del país y del Estado, dado que se vincula a la evasión tributaria, por una parte, así como a la fuga de divisas y el funcionamiento de mercados paralelos e ilegales del dólar, por otra", sostiene el informe.

Debido a la importancia estratégica del área fluvial, marítima y terrestre y dado que conecta a la Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, la visión y propuesta de la UIF al Consejo Federal de la Hidrovía procura colaborar en políticas de control y prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo, delitos económicos complejos y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, desplegadas a través de la mencionada Hidrovía.

A inicios del segundo semestre del año 2020, en momentos que la atención financiera estaba centrada en la salida de divisas del  BCRA y las maniobras especulativas a través de CCL o Dólar Mep, desde la Unidad de Información Financiera se empezó a poner de relieve que, independientemente de atender al tema de la “salida” de dólares, había que prestar especial atención respecto a la secuencia de “ingreso” de divisas al país y su relación con el lavado de activos.

En este sentido, la UIF tuvo presente que el complejo agroindustial argentino genera alrededor del 70 % de las exportaciones del país y que gran parte de dichas exportaciones se encuentran concentradas en un tradicional núcleo oligopólico de empresas transnacionales que operan a lo largo del “Corredor litoral” fluvial y terrestre. Ello en un contexto donde por sobre el trabajo leal de los empresarios interesados en el crecimiento del país, algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas.

Practicas estas que, a través artimañas como la retención injustificada de granos en silo, sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando presionan sobre el ingreso de divisas, fomentan devaluaciones de la moneda, acarrean evasión tributaria, inciden sobre los precios de productos de la canasta básica de alimentos y también, conforme indica la experiencia, son utilizadas por políticas inescrupulosas  para generar desabastecimiento, mercado negro e inestabilidad social y política.

Ante estos entramados, la UIF desde mediados del año pasado empezó a realizar estudios, promover querellas con sus Delegaciones a nivel federal y coordinar acciones con otras Agencias del estado en vista a poder optimizar los controles sobre el referido “Corredor litoral”, sus puertos y rutas terrestres. Todo esto fue llevado al subgrupo de trabajo que la Unidad forma parte en el Mercosur.

Dentro de las propuestas para el corredor litoral como para el Canal Magdalena, el organismo antilavado puso el foco en controlar a los puertos públicos y privados por dónde se realizan las maniobras de contrabando de parte de las grandes cerealeras donde se puede mencionar a algunas de las más conocidas: Vicentin, Dreyfus, Bunge, entre otras.

En la primera propuesta elevada a la Comisión de Planificación Estratégica y Económica del CFH, el Organismo postula la creación de un órgano de contralor que, a partir de una Base Federal de Información Económica, centralice y releve la información acerca de los puertos públicos y privados habilitados, las embarcaciones en operaciones y las zonas de producción, procesamiento, transporte y embarque.

También propuso a la Comisión de Obras e Infraestructura, ejecutar acciones tales como: fiscalizar de manera integral las áreas física y territorial de la Hidrovía; relevar las obras e infraestructura portuaria del Sistema de Navegación Troncal del Río Paraná y coordinar las tareas del órgano de contralor con aquellas que competen a las autoridades provinciales y departamentales.

Fuente: Política Argentina