La fiscal Gabriela Boquin, quien semanas atrás pidió los balances de las empresas SIDECO y Sociedad Macri (SOCMA), denunció que el Correo Argentino, del Grupo Macri, desvió sumas millonarias a estudio jurídicos y empresas de publicidad pertenecientes a integrantes de Cambiemos. Según la información que brindó Página12, se trataría de una suma mayor a 35 millones de pesos.

Al tiempo que Correo que no tiene actividad alguna desde 2003, gracias a la investigación de Boquín salieron a la luz misteriosos ingresos de dinero que fueron retirando, por ejemplo, el estudio del actual diputado Pablo Tonelli, el de Pablo Clusellas, secretario legal y técnico de la Presidencia y el de Jaime Kleidermacher, representante legal histórico de los Macri, entre los más conocidos.

Se supone que era por asesoramiento en el contexto del expediente del concurso de acreedores. Sin embargo, hay un límite para esos pagos, que de todos modos la fiscal considera injustificados. El dictamen pide que se investigue el papel del secretario de Modernización, Andrés Ibarra, que fue director y apoderado del Correo, intervino en la designación de abogados que representan al Estado y tiene injerencia, desde su función, en el destino del caso.

“La extensión del trámite ha posibilitado el vaciamiento progresivo de la concursada (Correo). Merced a numerosas erogaciones que van desde el pago de cifras millonarias en conceptos de honorarios profesionales por asesoramiento legal concursal hasta pagos a estudios jurídicos los cuales forman parte del propio directorio del Correo. Se agregan consultoras, empresas de publicidad vinculadas con los letrados de la concursada (…) deben agregarse otros egresos por importantes sumas, a favor, en su gran mayoría, de consultoras o empresas de publicidad que tienen alguna vinculación con los letrados de la concursada, sus directores y/o apoderados”, detalló Boquín.

Además, explicó que la actividad de Correo y la familia Macri se debe analizar a la luz de la ley de Concursos y Quiebras como si fueran giros ordinarios, pero no existían como tales. También se hicieron pagos por “montos elevadísimos” como “anticipos al directorio”, lo que viola las normas societarias.