Los gobiernos de Dinamarca y de Polonia anunciaron que aquellas compañías registradas en paraísos fiscales y que evitan los impuestos nacionales no estarán habilitadas para recibir ayuda financiera ni ninguno de los beneficios incluidos en los paquetes de rescate pensados para sobrellevar la crisis del coronavirus. 

Al respecto, Dinamarca dispuso un programa de ayuda financiera a las empresas que se extenderá hasta el mes de julio, según lo anunciado por el Ministerio de Finanzas el sábado pasado. La condición para acceder a dicho programa, indicó el gobierno danés, es que las empresas no estén radicadas en paraísos fiscales o posean cuentas offshore. 

"Las empresas que se instalan en paraísos fiscales, de acuerdo con las directrices de la Unión Europea, no pueden recibir compensaciones, en la medida en la que sea posible aislarlas", ha dicho este sábado el Ministerio de Finanzas de Dinamarca.

Polonia ha seguido la misma línea de acción. Al anunciar medidas paliativas por la pandemia, Mateusz Morawiecki,  el primer ministro polaco, tuvo un duro discurso contra las empresas radicadas en paraísos fiscales.: "Pongamos fin a los paraísos fiscales, que son la ruina de las economías modernas". Y anunció que todas las empresas que pretendan acceder al fondo de rescate de aproximadamente $ 6 mil millones deben, previamente, cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Los paraísos fiscales son lugares o países con impuestos corporativos bajos o nulos que permiten a los extranjeros establecer fácilmente negocios allí. Además, los paraísos suelen limitar la información pública sobre las empresas y sus propietarios.

Por los perjuicios económicos que genera, la Unión Europea ha confeccionado una lista negra con los paraísos fiscales. En su última actualización, de febrero de 2020, incluyó a Samoa Americana, Fiji, Guam, Omán, Panamá, Samoa, Trinidad y Tobago, las Islas Vírgenes estadounidenses, Vanuatu, Islas Caimán -territorio británico de ultramar-, las Islas Seychelles y Palau. 

La lista negra comenzó a confeccionarse en diciembre de 2017.  Desde entonces, la Unión Europea evalúa periódicamente a terceros países en función de tres criterios: el nivel de transparencia e intercambio de información, la existencia de prácticas fiscales perjudiciales y el cumplimiento de las normas internacionales para evitar la erosión de la base imponible.

Fuente: El País Digital