El historial comienza con Gladys González. La disputa que desató esta semana la denuncia de la ex empleada de Triaca, que recibía parte de su sueldo a través de ese sindicato, no solo reabrió el asunto sino que supone algo mucho mayor, de lo cual se empezó a investigar.

Gladys y el SOMU

Gladys, actual senadora de la Provincia de Buenos Aires por Cambiemos, fue designada en febrero de 2016 como interventora del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para investigar la presunta administración fraudulenta de Omar "Caballo" Suárez, quien se encuentra detenido desde septiembre de ese mismo año. La funcionaria fue designada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien en ese momento era diputada nacional del oficialismo.

Por aquel entonces, en diálogo telefónico con el Diario Perfil, González  dijo que el objetivo era sanear el sindicato y al año siguiente entregárselo a los trabajadores en condiciones. Canicoba Corral había aprobado un plazo hasta el 22 de febrero del 2017, aunque consideraba que se necesitaba más tiempo para modificar la situación.

Mientras la funcionaria intentaba dar clases magistrales de transparencia, en su haber se fueron acumulando un tendal de acusaciones que incluyeron a su esposo, Manuel Mosca, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

La denuncia fue realizada nada menos que por Roberto Daniel García, concejal de Avellaneda y exfundador del PRO a nivel nacional. En la misma, pide investigar al matrimonio por el desvío de fondos públicos a través del SOMU y el dudoso origen de una cuenta en Suiza a nombre del legislador bonaerense.

El edil pidió a la Justicia que indague sobre la responsabilidad de Mosca en la supuesta participación en los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, y pone a consideración de la magistrada una cuenta en Suiza a nombre del diputado, y que fue formada a comienzos del año 2017, cuando ya ejercía la Presidencia de la Cámara baja provincial.

La demanda propiciada por García, quien fue una de las personas de mayor confianza de Jorge Macri, pide a las autoridades judiciales que pongan la lupa sobre el manejo de fondos por parte de Gladys González mientras se desempeñó como interventora del SOMU, y que haga especial hincapié en la Fundación Azul, dependiente de la mutual del sindicato, desde donde habría salido buena parte de dinero para “bancar” la última campaña electoral del oficialismo.

Como prueba, ofrece fotos y videos de militantes de Cambiemos entregando la boleta oficial por las calles del Conurbano con una bijouterie con el logo de la Fundación Azul, lo que sería un claro desvío de fondos de la entidad, algo que iría en contra de lo previsto en el artículo 263 en función del artículo 261 del Código Penal.

Por su parte, se pide que se investigue a Mosca por el supuesto manejo irregular de fondos provenientes de la Cámara baja, que sufrió un aumento de 1.448 millones de pesos por encima de lo presupuestado. Además, se pide que se ponga en la mira las declaraciones juradas hechas por el legislador, donde habría incongruencias entre los dineros que recibe y sus gastos.

A fines del 2016, García también denunció a Gladys González por coimas, pedía un 10% por los futuros cargos ministeriales que podía poner en PBA, pero como la pauta la maneja Mosca, advertía que existía blindaje mediático.

"En Provincia de Buenos Aires la pauta la maneja Mosca, por eso hay blindaje para Vidal y González". En este sentido, el edil explicó que "hubo contratos por 10 años cuando González tenía funciones por un año. Los negocios los maneja el primo hermano" y "el candidato de Gladys González a diputado provincial por la tercera sección tiene sobreprecios en obra pública en PBA.

En el texto judicial, al que InfoGremiales accedió en forma exclusiva, se pueden observar las decisiones políticas y administrativas de González en el gremio, y también las resoluciones en materia económica con los aportes de los afiliados, que dejan varios puntos para reseñar que seguro traerán polémica.

Del total de los salarios pagados por los aportes de los marineros, se destacan los 59 mil pesos mensuales que se otorgó a si misma la interventora (casi unos 720 mil pesos al año).

La particularidad de ese dinero es que para esquivar los problemas de incompatibilidad con su puesto en la legislatura, que la tuvieron contra las cuerdas y cerca de tener que renunciar a la diputación, figuran como gastos de “representación”.

También llamaron la atención los casi 260 mil pesos mensuales destinados al flamante “team” del Departamento de Administración y Finanzas o los 170 mil destinados a la Secretaría General.

En términos estrictamente gremiales la intervención tampoco parece haber sido muy fructífera, ni atractiva. No sólo la salida del cuestionado “Caballo” Suarez no derivó en mayor acercamiento a los trabajadores, sino que se dio el proceso inverso. Es que del propio informe se desprende que en los primeros meses de gestión de la intervención hubo 4.599 afiliados suspendidos y otros 2.002 dados de baja. Una notable pérdida de representación y de ingresos para la asociación sindical.

Triaca y el SOMU

El abogado Carlos Broitman, que patrocina al exsecretario general del SOMU Omar "Caballo" Suárez, se refirió al caso de la exempleada del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, designada en ese sindicato y denunció que "hay otros funcionarios que utilizaron al gremio para pagar sueldos".

"Utilizaban al gremio para pagar sueldos de empleados del ministro Triaca, ya hicimos una denuncia penal. Ya se está investigando porque hay otros funcionarios que utilizaron al SOMU para pagar sueldos", sostuvo el letrado.

En diálogo con Radio 10, Broitman aseguró que quiere "van a salir a la luz varios casos más, no solamente el de esta empleada de Triaca, hay varios empleados más a los que les pagaban sueldos a través del SOMU", en alusión al caso de Sandra Heredia, que trascendió como consecuencia de un duro audio en el que el ministro la insultaba.

"Esto podría ser un escándalo 100 veces mayor de lo que se le acusa al ´Caballo´ Suárez. Hablan de transparencia, entonces que investiguen a Triaca", destacó.

Y anticipó: "Quiero ser muy precavido, pero la semana que viene tendremos novedades sobre este asunto".

"¡Sandra no vengas, eh! No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. ¡Sos una pelotuda!", fue el duro mensaje de audio de WhatsApp que le envió el funcionario nacional a Heredia, quien se desempeñaba como casera de la quinta familiar ubicada en San Isidro.

Tras la difusión del mensaje, la mujer contó que desde el 1º de abril de 2017 es delegada interventora en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), a donde llegó ubicada por el propio Triaca.