La Sala B de la Cámara Comercial decidió que los fueros parlamentarios no protegen a la diputada Elisa Carrió de enfrentar las consecuencias de sus denuncias falsas. Con lo cual, salvo que una instancia superior revierta ese fallo, podrá enfrentar las consecuencias civiles que le inició el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi.

“La inmunidad que la Constitución le reconoce a los congresistas es para expresarse, no para denunciar penalmente a cualquier ciudadano por cualquier hecho, ni para armar supuestas operaciones de prensa, sin asumir ninguna responsabilidad y aquí son estas últimas las conductas que se les atribuyen”, opinaron los jueces.

Como suele ser habitual, Carrió atacó a Marchi con una denuncia que luego no pudo ser comprobada. Por eso, Marchi contraatacó: se presentó en la justicia Civil aduciendo que su "buen nombre y honor habían sido afectados", y reclamó un resarcimiento económico.

Insólitamente, Carrió quiso defenderse a partir de los fueros parlamentarios, los mismos que, asegura, utilizan "los corruptos para defenderse". 

Sin embargo, los camaristas Roberto Parrilli, Omar Díaz Solimine y Claudio Ramos Feijó opinaron que admitir el planteo de Carrió “violaría el límite de igualdad ante la ley”, y abrieron la puerta a que la legisladora chaqueña, que tiene mandato otorgado por los ciudadanos porteños aunque reside en la provincia de Buenos Aires, pueda pagar en efectivo por sus denuncias.