Más de trescientas mujeres y disidencias de la cultura, el espectáculo, los medios, organizaciones feministas, del campo popular y la academia difundieron una carta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en la que piden el final de los femicidios. “Que la violencia por razones de género sea un tema prioritario del Gobierno y de las administraciones provinciales y municipales”, aseguraron. 

“Sobre todo, del sistema de justicia que ha demostrado desentenderse del problema, descreer de la palabra de las víctimas, minimizar sus denuncias, desatender sus pedidos desesperados de ayuda y protección”, insistieron. 

En la carta, firmada por Nora Cortiñas, Estela de Carlotto, Rita Segato, el Colectivo de Actrices Argentinas, periodistas, escritoras, abogadas y activistas feministas, se pide una serie de medidas concretas para prevenir los femicidios en el país, que en lo que va del año ya superan el medio centenar.

La carta plantea que "la violencia de género es un problema estructural en el país, que se profundizó en el contexto de la pandemia de Covid-19. A casi seis años del surgimiento del movimiento #NiUnaMenos, cuando la sociedad salió masivamente a las calles con un grito de hartazgo frente a los femicidios, su expresión más extrema, volvemos a gritar “Basta de violencias machistas, basta de femicidios”.

Tras una serie de consideraciones generales, en las que además de esbozar la alarmante situación respecto de la violencia de género insisten en pedir que haya una articulación estatal para abordar este flagelo, el colectivo plantea propuestas. 

A continuación, cada una de las iniciativas planteadas: 

• Declarar la emergencia nacional por violencia contra las mujeres y disidencias por razones de género, y que se otorguen presupuestos extraordinarios, adecuados, para las áreas involucradas, tanto de la justicia, de las fuerzas de seguridad y de los dispositivos que dependen de los gobiernos locales, provinciales y nacional, que permitan dar respuestas oportunas y eficaces frente a las denuncias. No queremos contar más femicidios. 

• Coordinación efectiva y real entre el Poder Judicial  --juzgados y fiscalías—, las fuerzas de seguridad, y los municipios para abordar cada caso. Y que frente a una denuncia se cumpla con la obligación de determinar si el mismo agresor ya tuvo denuncias anteriores en el marco de un contexto de violencia de género, más allá del estado procesal de sus causas. Así como también, que se haga una correcta evaluación del riesgo en que se encuentra la denunciante. Esto es competencia de los y las jueces y/o fiscales, y bajo ninguna circunstancia el seguimiento debe quedar a la sola responsabilidad del poder de las fuerzas de seguridad. 

• Capacitación sistemática en la temática para todxs los y las operadores que intervengan en la atención de los casos. 

• Puesta en funcionamiento un sistema de alerta temprana donde se reúnan todas las denuncias, hechas tanto en comisarías como en sedes judiciales, para que se les dé un seguimiento eficaz y se monitoreen las respuestas estatales. 

• Complementar el sistema de botones de pánico con tobilleras para el denunciado, que permitan determinar su acercamiento a la víctima, o métodos de control que sean efectivos, los 7 días de la semana, las 24 horas. No queremos más que sea la víctima quien tenga que demostrar una y otra vez que su agresor viola una restricción perimetral.

• Implementación de sanciones a funcionarixs judiciales o de las fuerzas de seguridad que incurran en errores graves y manifiestos en su tarea de proteger a las víctimas.

• Incorporación de la perspectiva de género en la futura reforma judicial.

• Efectivo cumplimiento de la ley 26.150- Ley de Educación sexual integral- ESI- en todas las instituciones educativas del país de manera urgente, sin dilación, ni reservas, de ningún tipo por parte de las distintas competencias de las jurisdicciones. Así como también, la ratificación inminente de las provincias que no se encuentran adheridas ni a la ley, ni a ninguna resolución ministerial.

• Administración del correcto despliegue y funcionamiento de los dispositivos que refieren a la Red Federal de Patrocinio gratuito, sostenidos bajo la ley 27210 art°2 inciso a- Ley 24.417- Ley 26.485 - entre otras. Manifestamos la deficiencia de esta red, así como también el desamparo de las víctimas a nivel jurídico por su nivel socioeconómico. La red de patrocinio debe ser universal para todas las mujeres y disidencias que lo necesiten, más allá de los recursos de los que dispongan en su patrimonio.