Los diputados nacionales de Juntos por el Cambio Mónica Frade y Martín Grande deberán explicar en la Justicia por qué alentaron el consumo de de dióxido de cloro para enfrentar el coronavirus, cuando se trata de una sustancia que está prohibida en el país y que puede generar, incluso, la muerte.  

El fiscal federal Ramiro González amplió la imputación contra ambos, a partir de una denuncia del diputado nacional Rodolfo Tailhade, informó Ambito.

El expediente con las acusaciones contra los diputados fue separado del caso principal, que está a cargo del juez Ariel Lijo, y pasó al magistrado Sebastián Ramos, también de Comodoro Py, como una causa nueva. Sin embargo, para el fiscal González la denuncia tendría que continuar a cargo del primero, que investiga la supuesta comercialización de la sustancia prohibida.

Según el fiscal González, los dichos de los diputados "adquieren un carácter público por lo cual les corresponde un obrar con mayor responsabilidad al transmitir un mensaje", y su conducta es grave porque las manifestaciones fueron emitidas en un "contexto de incertidumbre de la sociedad", advirtió, en referencia al Congreso o medios públicos