La vicepresidenta Cristina Fernández presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por el "lawfare" y la "persecución" que hubo contra ella y exintegrantes de su gobierno durante la gestión de Mauricio Macri en el caso del Memorándum con Irán y el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, causa que ya fue elevada a juicio oral.

"A partir de la asunción del gobierno macrista, en nuestro país tuvo lugar un proceso judicial absolutamente viciado e irregular con victimas directas en nuestros asistidos", afirmaron en el escrotp entregado ante las autoridades de la Comisión elaborado por los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa.

En esa línea, aseguraron que durante los cuatro años del gobierno de Cambiemos los jueces "fueron reemplazados por otros 'jueces de conveniencia' a la persecución política que se iría a desplegar".

Por eso, hablaron de "un avance de un proceso que procuró afectar, además, los derechos políticos de Cristina Fernández de Kirchner", y menciona las "gravísimas consecuencias respecto de la salud y la integridad de Héctor Timerman, hasta matarlo".

El excanciller falleció en la madrugada del 30 de diciembre de 2018, a los 65 años, como consecuencia de un cáncer de hígado. Durante sus últimos años debió enfrentar la investigación por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA a través del Pacto de Irán, firmado en 2013 gracias a sus gestiones. Ya muy desmejorado por la enfermedad, declaró a través de videoconferencia en esa causa.

En la denuncia se recordó que hace dos años se hizo una presentación similar y reiteraron que durante el macrismo hubo "violación tanto del principio que impide la doble persecución penal como de las garantías de juez natural y tribunal imparcial".

"Ya con esa ingeniería institucional manipulada, con la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y en ese marco de discriminación y persecución, se avanzó en la instrucción de un proceso irregular, según también ya se lo denunciara", sostuvieron.

Los abogados reseñaron que días pasados "se hicieron públicas las declaraciones de una jueza que integró aquella Cámara Federal de Casación Penal (Ana María Figueroa), que entonces fue muy crítica del accionar irregular de sus colegas, y que ahora refirió las presiones que sufrió entonces por parte del gobierno macrista para fallar en este asunto".

También mencionaron que la jueza Figueroa había destacado entonces "la irregular situación a mi entender, que implica que esta Sala I de la CFCP se encuentre interviniendo actualmente en esta causa" y que "la decisión del juez o jueces que resuelvan la cuestión esté basada en criterios no objetivos".

"En consonancia con nuestras denuncias (la jueza) aludió 'al empleo del conocido mecanismo de 'forum shopping', cuya traducción sería foro de conveniencia" y que "en el sistema judicial argentino se ha utilizado en referencia al mecanismo de la elección de los expedientes CFP 777/2015 y CFP 14.305/2015 y de la Petición 12.204(AMIA) de esa misma Comisión", ampliaron Peñafort y Rúa.

Por ello añadieron que continúa el trámite judicial "iniciado del modo irregular que se denuncia y que las nuevas declaraciones corroboran" y advirtieron por "la posible concreción del juicio oral y público en que será evaluada esa 'verdadera farsa'".

En ese sentido, pidieron a la CIDH que "contemple la posibilidad de volver a enviar un Observador Internacional de esa Comisión para que realice un examen y acompañamiento de dicho proceso público como ya lo hiciera respecto de los otros juicios vinculados tanto con el atentado en la AMIA como a su reconocido encubrimiento", en el que es juzgado el ex presidente Carlos Menem, entre otros.

Además, solicitaron que "evalúen la posibilidad de convocar en el próximo periodo de sesiones (de la CIDH) a una audiencia temática para analizar la problemática de persecución judicial conocida como "lawfare" en la región".

Fuente: El País Digital