Mientras el Ministerio de la Producción y la Secretaría de Trabajo se encontraba bajo las órdenes de Francisco Cabrera primero y Dante Sica después, se investiga si existió un sistema de recaudación ilegal que sólo en 2019 habría juntado más de mil millones de pesos.

El sobre con US$10.000 encontrado en el despacho del exsecretario de Coordinación del Ministerio de la Producción y Trabajo, Rodrigo Sbarra, se transformó en la punta del ovillo de un entramado de corrupción macrista a gran escala. Según una denuncia que el diputado nacional Rodolfo Tailhade presentará este miércoles en Comodoro Py, el exfuncionario formaba parte de un mecanismo de recaudación ilegal durante las gestiones de Cabrera y Sica.

Según la denuncia, Sbarra y Bideberripe recaudaban fondos bajo la orden directa de uno de los hombres de mayor confianza de Cabrera. Pero ese esquema de recaudación ilegal se completó con Maximiliano Carlos Guida, mano derecha de Bideberripe; Hernán Alberto Coego, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio; y Claudio Daniel Giménez, testaferro de Sbarra que oficiaba como valijero.

Claudio Giménez era quien recolectaba el dinero de primera mano y lo llevaba a unas oficinas, que funcionaban como búnker, en la avenida Belgrano 406, en la Capital Federal. En ese departamento del centro porteño, María Fernanda Inza, quien fuera contadora general de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Vidal, recibía las sumas recogidas. Ella fue la figura desplazada de la gestión bonaerense cuando se reveló el escándalo de los aportantes truchos.

De acuerdo al documento que será presentado en Comodoro Py este miércoles, el sistema de recaudación ilegal se llevó a cabo mediante tres maniobras. Tailhade detalló que una de ellas fue la contratación de 800 empleados, que no cumplían funciones dentro del ministerio y la secretaría, que entregaban a este entramado el 70% de lo facturado.

De esas personas, 600 lo hicieron por un convenio con el Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (Cedyat) y 200 mediante otro con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Según se pudo saber, la facturación promedio era de $70.000 por lo que casi $40.000.000 mensuales iban para este sistema de recaudación ilegal.

Otra de las maniobras utilizadas fue la autorización de pagos de bienes y servicios sobrefacturados. O sea, se presupuestaba más de lo que efectivamente costaba lo adquirido e incluso, en varias oportunidades, que jamás se entregaba. Estos acuerdos se concretaron con empresas que se quedaron con parte de lo facturado para entregar el resto al esquema de recaudación.

Finalmente, también recurrieron a la constitución de sociedades anónimas simplificadas para ocultar bienes adquiridos con fondos provenientes de la actividad ilegal y, a la vez, facturar al ministerio por servicios inexistentes.

Con la salida del gobierno, el macrismo salió en bloque a levantar las banderas de la lucha contra la corrupción y el avance de causas contra el kirchnerismo. Sin embargo, la atención ahora se posó sobre ellos porque bajo este sistema ilegal y los tres esquemas de recolección descritos, calculó el diputado del Frente de Todos, se recaudaron más de $1.000 millones en tan sólo un año.

Fuente: El Destape