La abogada de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino denunció que los teléfonos que los 44 tripulantes tenían asignados no funcionaban por una deuda del Ministerio de Defensa que conducía Oscar Aguad con Claro, la empresa de telefonía que brindaba el servicio, por lo que, sin comunicación con la base de la Armada antes de la implosión, tuvieron que recurrir a otro sistema repleto de limitaciones.

El dato fue revelado por Valeria Carreras, letrada de parte de los familiares. Como consecuencia de servicio impago por parte de Aguad, los móviles que tenían los submarinistas estaban inutilizados. De haberlos tenido, la comunicación de los problemas de la nave previos a la implosión hubiera sido mucho más fluida. Así, recurrieron al sistema satelital, pero el problema es que no es inmediato y no deja registros.

"Una de las comunicaciones que hicieron desde el submarino duró 6 minutos, pero en la transcripción que hizo el capitán Correa sólo figura que dijeron que tenían un principio de incendio en las baterías y que iban a hacer inmersión porque había un temporal. ¿Eso hablaron durante 6 minutos? ¿Nada más? con el sistema telefónico hubiera quedado todo grabado", explicó la abogada.

El allanamiento a la sede de la Armada en el Edificio Libertad fue realizada en diciembre de 2017 por orden de la jueza de la causa Martha Yañez. De acuerdo al testimonio de Carreras allí se encontraron que no hubo comunicación de la Armada los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2017 por un corte del servicio.

El 15 de noviembre, día de la implosión del submarino, la Armada intentó comunicarse con el submarino 140 veces y no obtuvieron respuestas. Antes del hundimiento, desde la nave intentaron mediante el satélite de Tesacom llamaron en once oportunidades, de las cuales en seis pudieron obtener respuesta.

Los familiares apuntan contra los responsables de haber dejado sin comunicación al submarino, es decir el entonces ministro Aguad y el contraalmirante Osvaldo Andrés Vernazza, director de Comunicaciones e Informática de la Armada.

Actualmente, la causa tiene una decisión pendiente en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que convocó para este jueves 29 de octubre a la audiencia de apelaciones contra el fallo de primera instancia que dispuso el procesamiento de seis altos mandos de la Armada y rechazó investigar las eventuales responsabilidades de los integrantes del Poder Ejecutivo nacional y de los jefes de esa fuerza en el hundimiento del Ara San Juan ocurrido en 2017.

La audiencia, que debió ser diferida durante meses como consecuencia del aislamiento social impuesto como medida sanitaria ante el avance del coronavirus, se llevará a cabo a partir de las 10 en el Centro Cultural municipal y se celebrará en formato mixto: algunas partes estarán presentes en el lugar y otras asistirá por videoconferencia, informaron fuentes judiciales.

Se investigan las causas y eventuales responsabilidades penales derivadas del hundimiento del submarino. La audiencia será presidida el camarista federal Javier Leal de Ibarra, quien integra el tribunal de apelaciones junto a los magistrados Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman.

Entre otros elementos, definirán si los seis procesamientos a los marinos son correctos; si Macri, Aguad y Srur deberían haber sido procesados; si las imputaciones siguieron los procedimientos adecuados y si la investigación está cerrada o restan revelarse datos.

Fuente: Política Argentina, El Destape