A través de una investigación de Chequeado y Tiempo Argentino, denuncian una triangulación entre el PRO y empresas contratistas del servicio alimentario escolar, creado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, ONG'S vinculadas a Esteban Bullrich y la campaña de Cambiemos en la Provincia, donde estas empresas multiplicaron sus ingresos.

Según la investigación, en enero de 2017, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la municipalización del Servicio Alimentario Escolar (SAE), cuya ejecución dependía hasta ese momento de los Consejos Escolares, que en todos los casos tienen presencia opositora local.

La medida se anunció como una prueba piloto que incluía a los municipios de Vicente López, San Isidro, Morón y La Plata, entre otros. Los proveedores ya los conocía María Eugenia Vidal desde la época en que se desempeñó como ministra de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encuentran Friends Food SA y el Grupo L.

El pool empresario Grupo L reúne a Teylem SA, Equis Quince, Blue Catering, Bagalá, Cook Master SRL, entre otras firmas. Su principal referente se llama Víctor Lusardi y, a partir de la llegada de Cambiemos al gobierno bonaerense, consiguió multiplicar sus negocios con el Estado. 

Estas empresas engloban entre sí proveer alimentos, también el servicio gastronómico en los hospitales de la Provincia, el Servicio Penitenciario. También se denuncia que estas empresas se quedaron con el negocio de la limpieza de edificios públicos, colocación de cestos de basura, organización de eventos y capacitaciones.

Según consta en el propio informe de sustentabilidad del Grupo L, la empresa aumentó de forma exponencial su facturación, de $ 1.160.260.000 en 2016 a $ 1.891.829.000 en 2017 e incrementó su planta un 84%, de 503 a 925 empleados.

Friends Food SA, cuyo dueño es el expresidente del club Argentinos Juniors, Ruben Forastiero, obtuvo además de contratos distritales, negocios vinculados con el PAMI y también adjudicaciones del ex Ministerio de Salud para la provisión de hospitales.

Según el artículo 15 de la ley de financiamiento de los partidos políticos indica que "no podrán recibir donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la ciudad de Buenos Aires. Pero no fue un impedimento para el PRO ya que lo triangularon a través de ONG's vinculadas a Guillermo Dietrich y Esteban Bullrich.

La ONG 'Formar' recibió más de 14 mil dólares en concepto de donaciones por parte de la empresa Friends Food SA, también obtuvo financiamiento de Teylem SA y de La Cámara de Concesionarios de Servicios de Comedores y Refrigerios, de la cual participan ambas firmas. Esta aportó en el mismo período más de 18 mil dólares, según consignó una investigación de Chequeado, que pudo acceder a los balances presentados ante la Inspección General de Justicia.

A su vez, Tiempo Argentino intentó contactarse con las fundaciones para consultar qué destino se les dio a los aportes, pero al acercarse a la dirección que ambas declararon, avenida Rivadavia 1829 piso 2, se encontró con los despachos de los diputados de Cambiemos Álvaro González, vicepresidente del bloque, y el del bonaerense Ezequiel Fernández Langan.

Estas oficinas son alquiladas por la Cámara de Diputados y las fundaciones tienen su domicilio allí desde la época en que Esteban Bullrich, su principal referente, trabajaba en la Cámara Baja y ocupaba esos despachos.

El decreto 2077/2016 que instrumentó la municipalización del Servicio Alimentario Escolar fue declarado inconstitucional por el exjuez destituido por Cambiemos, Luis Arias que, a través de una medida cautelar, consideró que "el decreto implica el ejercicio por la administración pública local de facultades otorgadas por la Constitución Provincial a los Consejos Escolares.

Así se presenta en contradicción con el artículo 203, el cual dispone expresamente que la administración de los servicios educativos, en el ámbito de competencia territorial distrital, estará a cargo de órganos desconcentrados de la Dirección General de Cultura y Educación, denominados Consejos Escolares".

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata revocó la medida cautelar y, contrariando la doctrina de la Suprema Corte, lo apartó de la causa. Luego de varios embates del oficialismo, Arias fue destituido de su cargo y organizaciones de Derechos Humanos están denunciando ante la ONU la arbitrariedad de su apartamiento.