Los datos disponibles son muy elocuentes. De acuerdo a las estadísticas oficiales, antes del inicio de las clases presenciales, el 17 de febrero, se detectaban menos de 3800 casos de COVID-19 por semana en chicos de edad escolar. Esa cifra se cuadriplicó dos meses después: ahora 12500 casos cada 7 días. 

En Capital Federal la situación es la misma. Se pasó de 80 casos entre 0 y 9 años en la semana del 18 de febrero a 450 un mes más tarde. En la franja de 10 a 19 también se comprobó un aumento similar: de 363 a 1757 en el mismo período de tiempo. ¿Alguien puede negar el impacto de las clases presenciales cuando fue lo único que cambio entre esas fechas?

Como era de esperar, ese aumento de casos impactó sobre los hospitales que atienden a chicos y adolescentes. En el Garrahan, por ejemplo, esta semana se reportaron 39 niños, niñas y jóvenes internados, tres en terapia intensiva. Además de otros diez casos sospechosos que esperaban el diagnóstico aislados. 

Más pendiente de las encuestas y el oportunismo político, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta insiste con la presencialidad a pesar del riesgo que existe sobre niños, adolescentes, docentes y familias. Toda la evidencia científica existente recomienda cerrar las escuelas en comunidades con alto nivel de contagio, como es CABA y Gran Buenos Aires.