A raíz de la avanzada por parte del gobierno de Mauricio Macri contra el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, el director de Human Right Watch, José Miguel Vivanco, denunció: "Pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.

La denuncia de Vivanco por parte de la ONG dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, fue difundida a través de un comunicado titulado: "Argentina: Investigación contra juez amenaza la independencia judicial". 

Además, HRW reclama al presidente Macri: "El gobierno debe retirar su solicitud para investigar al juez federal Ramos Padilla". Más adelante, explica: "El pedido del Gobierno argentino para que se investigue a un juez federal que adelanta una investigación sobre supuestos actos ilegales de inteligencia y extorsión que podrían implicar a autoridades atenta contra la independencia judicial", manifiesta desde su sede en Washington.

“Cualquier juez puede ser investigado cuando haya una causa que lo amerite; sin embargo, el gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla”, expresó José Miguel Vivanco.

En la misma línea, el director para las Américas de Human Rights Watch sentenció: “Por el contrario, pareciera que el gobierno está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”.

En otro apartado, la entidad apuntó contra el Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, por pedir que se investigue al juez Ramos Padilla. En una presentación, Garabano indicó que el juez había violado el Código Procesal Penal argentino al divulgar pruebas al público durante su audiencia en el Congreso. Sin embargo, desde HRW plantearon que "la mayoría de las pruebas que presentó el juez ya habían sido divulgadas el 25 de febrero cuando el sitio web del poder judicial publicó el procesamiento de D’Alessio".

"Los jueces de instrucción usualmente brindan información al público sobre investigaciones en curso, pero rara vez las autoridades argentinas han solicitado que se inicie una investigación en su contra, lo cual siguiere que se trataría de un preocupante caso de doble estándar" expresaron. 

Por último, en relación al accionar de los periodistas involucrados en la causa, entre los que se involucra Daniel Santoro de Clarín, Vivianco expresó que “cualquiera sea el resultado de esta investigación, ningún periodista puede ser perseguido penalmente solamente por publicar información y proteger a sus fuentes”.