Este jueves se espera una importante manifestación de cartoneros, que marcharán desde el Obelisco hasta Congreso, para acompañar la presentación formal del proyecto de Ley de Envases con Inclusión Social, que apunta a establecer una tasa ambiental que penalice a las compañías que coloquen en el mercado envases no recuperables y así recaudar fondos para promover la economía circular.

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), junto a organizaciones sociales, ambientales y cooperativas, esperan convocar a más de 10 mil personas, por ellos los organizadores de la movilización que será “la marcha cartonera más grande del mundo”.

El jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner ya comprometió su respaldo a la normativa, en la que trabaja también el ministro de Ambiente, Juan Cabandié.

“Es sin duda la ley más importante que ha presentado nuestro sector y vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para que salga. Va a ser un antes y un después en la vida de los cientos de miles de cartoneros y cartoneras de nuestro país", explica Natalia Zaracho, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), y que en diciembre se convertirá en la primera cartonera en asumir una banca como diputada nacional.

Zaracho agrega que "es una ley que busca que las empresas se hagan cargo del daño ambiental que producen a partir de un aporte en plata que se invierte directamente en los sistemas de reciclado con inclusión social”.

Desde la organización advierten que “muchas veces tuvimos que salir a plantarnos contra proyectos de ley redactados a medida de las multinacionales contaminantes”, sin embargo creen que “este año será distinto”. El anteproyecto había sido presentado en julio.

El texto genera dudas y resistencias en algún sector de los empresarios de la cadena alimenticia, en un momento de tensión entre el gobierno nacional y el sector, luego del congelamiento y controles de precios de productos de consumo masivo, y la aprobación de la Ley de Etiquetado Frontal.

El proyecto está basado en el principio de Responsabilidad Extendida al Productor (REP) que, según explicaron, servirá para crear y dignificar puestos de trabajo en los municipios y reducir la contaminación causada por los envases que las empresas colocan en el mercado. Otro de los objetivos sería evitar que los residuos terminen en basurales a cielo abierto o en rellenos sanitarios, "reemplazar la extracción de recursos naturales y ahorrar energía".

Según los números presentados para respaldar el proyecto, con la creación y fortalecimiento de los Sistemas Locales de Gestión de Residuos, se podría garantizar la generación de trabajos calificados en la recolección, clasificación y acondicionamiento de los reciclables, y estiman que cada $1000 millones recaudados mediante los instrumentos de la ley, se garantizarían 1340 puestos de trabajo.

La ley crea el Sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), que estaría a cargo del Ministerio de Ambiente como autoridad de aplicación. Los otros tres actores involucrados son los productores de envases, municipios o consorcios de municipios que deberán constituir Sistemas de Gestión Local (SGL) y las organizaciones de Recuperadores/as Urbanos.

En Argentina se producen 50 mil toneladas de residuos por día. La mitad termina en alguno de los 5000 basurales, y apenas se recupera un 10% de los residuos generados. Alrededor del 20% de los residuos sólidos urbanos generados son envases post consumo.

Vale destacar que la FACyR es una de las organizaciones que forman parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y nuclea a más de 70 cooperativas de todo el país, en las que trabajan cada día unos 200.000 cartoneros y cartoneras. Miles de ellos lo hacen en los propios basurales y trabajan en pésimas condiciones, sin ningún tipo de seguridad.