A pesar de la oposición, el Senado convirtió en ley con 41 votos a favor, 28 en contra y una abstención, el proyecto que modifica la Ley de Manejo del Fuego, con el objetivo de prohibir la venta y cambio de uso de tierras incendiadas por un plazo de entre 30 a 60 años, para evitar prácticas especulativas y emprendimientos inmobiliarios.

La iniciativa, de autoría del titular del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, consiguió el apoyo del oficialismo en la Cámara alta, pero fue rechazada por el conjunto de Juntos por el Cambio, que se puso en línea con los argumentos críticos de la Mesa de Enlace, lo tildó de “inconstitucional” y presentó una moción durante el debate -que fracasó- para que el proyecto vuelva a comisiones.

El proyecto establece que "no se podrá cambiar el uso" de las zonas afectadas por los incendios "para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino" que tenían al momento del incidente por un plazo de 60 años para los bosques y 30 años para zonas agrícolas.

Al abrir el debate, la miembro informante por el oficialismo, la titular de la comisión de Legislación General de la Cámara alta, Ana Almirón, advirtió que “este es un tema sumamente urgente” ya que este año los incendios forestales afectaron más de 900.000 hectáreas, en 22 provincias.

"Hay que repensar el accionar del fuego, el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza”, agregó, lo cual por el número de incendios y daño ambiental es evidente, salvo para el macrismo y los agroexportadores. A su turno, su compañera de bancada, la senadora Nora Giménez, consideró que "con su aplicación, este proyecto logra disuadir a aquellos que buscan con estos incendios bajar el precio de la tierra y con ello apropiarse de ellas con un sentido especulativo y comercial".

Por la oposición, la senadora de Juntos por el Cambio y titular de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González, criticó el texto del proyecto, al señalar que “va en contra del principio de no regresividad”.

“Establece plazos de 30 y 60 años para proteger ecosistemas que ya están protegidos a perpetuidad. Es una ley de enormes indefiniciones y esto hace que sea inaplicable", cuestionó.

En el mismo sentido, la senadora del PRO, Laura Rodríguez Machado, indicó que “a este proyecto lo van a declarar inconstitucional, no resiste análisis ante los tribunales”, pero luego fue por más y esbozó argumentos insólitos y desmentidos por las estadísticas históricas: “El derecho de propiedad no se puede coartar por otra ley, la intencionalidad de los incendios no se puede adivinar y prohibir al dueño que haga otra cosa con su campo”.

El proyecto consta de 4 artículos y modifica la Ley 26.815 de Manejo del Fuego para establecer que "no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio".

Ese uso no podrá ser modificado por el término de 60 años para que "los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales" tengan garantizadas las "condiciones para la restauración de las superficies incendiadas".

Fuente: Política Argentina