La Casa Rosada pondrá en marcha mañana un operativo para recuperar los inmuebles que la Nación cedió a la Capital en los últimos tres meses de la presidencia de Macri.

Se trata de 31 escrituras, firmadas entre el 19 de septiembre y el 10 de diciembre de 2019, por un total de casi $16.000 millones. Las operaciones involucran, entre otras cosas, la transferencia de inmuebles, y parcelas ferroviarias en Palermo y Caballito como forma de pago por compromisos asumidos por la Nación con la Ciudad.

En lo que se presenta como el inicio de una batalla judicial entre las dos jurisdicciones, Alberto Fernández ordenó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), órgano administrador de los bienes del Estado nacional, la revisión de todas las operaciones realizadas entre el 10 de diciembre de 2015 y el 10 de diciembre de 2019, que implicaron la cesión de inmuebles y terrenos a la Ciudad de Buenos Aires.

El objetivo de esa revisión, según afirmó el Presidente en un decreto que se publicará mañana, es "deslindar responsabilidades administrativas, civiles o penales", ante la detección de "vicios que puedan implicar su nulidad", así como "eventuales hechos o actos ilícitos".

Las escrituras de transferencia está en pleno proceso de inscripción, por lo que la Nación intentará impugnar esas operaciones.

La novedad se conoce en medio de la disputa entre la Nación y la Ciudad por el anunciado recorte de los fondos de coparticipación. El Presidente advirtió que avanzará en breve en la retracción de parte de los recursos que la Nación le cedió a la Capital en 2016, durante los primeros meses de la presidencia de Macri.

En un movimiento que involucrará a los gobernadores en la discusión entre la Nación y la Ciudad, Fernández dispuso también dar intervención al Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, un organismo creado por ley en 2018 e integrado por los ministros de economía de todas las provincias, para evaluar si se infringió el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

El artículo 15 bis de esa norma (ley 25.917), promovida por el gobierno de Macri para ajustar los gastos provinciales, prohíbe "cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos" durante los últimos dos trimestres del año de fin de mandato.

De acuerdo con Alberto Fernández, en esa prohibición incurrió la administración de Cambiemos con el decreto 740/19, publicado el 28 de octubre de 2019, un días después de que Macri perdió las elecciones presidenciales. Fernández también avanzará mañana en la derogación de ese decreto.

Fuente: La Nación