El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aportará informes y conclusiones de una auditoría, a la causa que involucra al ex secretario de Energía del gobierno de Cambiemos, Gustavo Lopetegui, por supuesta malversación de caudales públicos.

El interventor del ENRE, Federico Basualdo, instruyó a la asesoría jurídica del organismo a que presente en la causa contra Lopetegui los informes y la documentación respaldatoria de la auditoría realizada al Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las concesionarias a las jurisdicciones locales.

El acuerdo fue celebrado el 10 de mayo del año pasado entre el macrismo y las distribuidoras eléctricas Edesur y Edenor. Contemplaba saldar deudas por multas a través de inversiones que llevarían a cabo ambas compañías, entre otros puntos.

En la auditoría se detectaron " irregularidades en el cálculo de las multas y otros montos que integran el objeto del acuerdo. La documentación presentada a la Justicia también aporta información concreta sobre la realización de una reunión secreta" en la cual el directorio del ENRE rechazaba la ejecución de ese acuerdo avalado por Lopetegui.

"Para la cuantificación de estas obligaciones de ambas empresas, la entonces Subsecretaría de Energía Eléctrica utilizó métodos de cálculo “ad hoc” (sin ninguna justificación técnica), que se apartaron de los mecanismos oficiales definidos para los correspondientes rubros, redundando en un beneficio para las concesionarias", indicó el ENRE en un comunicado.

En este sentido, la auditoría advierte que el método "ad hoc" utilizado para el cálculo del "Activo Regulatorio" invirtió el carácter de los resultados: las concesionarias pasaron de ser deudoras del Estado nacional a ser acreedoras.

"En efecto, si se emplea el mecanismo de cálculo oficial previsto en las Actas vigentes desde 2006, resulta que Edenor le debería al Estado Nacional $10.898.123.312 y Edesur $ 15.501.463.952", añade la información

En cuanto al "Pasivo Regulatorio", las deudas de las concesionarias con el Estado fueron subvaluadas en un total de $ 9.453 millones (Edesur) y $ 7.731 millones de pesos para el caso de Edenor.

En la causa penal mencionada se investiga si se realizaron "maniobras de administración presupuestaria", que podrían haber generado beneficios económicos indebidos a favor de ambas concesionarias.

"La información aportada presenta elementos de convicción que pueden colaborar en el esclarecimiento de la causa, permitiendo que se dejen sin efecto los acuerdos realizados", concluyó el ENRE.