Frente a la emergencia generada por la pandemia del coronavirus, el Gobierno avanza con medidas para la protección de los puestos de trabajo. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le confirmó a dirigentes de la CGT que prorrogarán por 60 días la prohibición de los despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, que vencía el 30 de noviembre.

El Decreto de Necesidad y Urgencia ya está redactado y a la espera de la firma de otros ministros, por lo que se publicaría en el Boletín Oficial entre el lunes y el martes. Es la cuarta medida de este tipo desde el 1 de abril, cuando recién comenzó la cuarentena en la Argentina. En este caso, los fundamentos serán los mismos: la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social establecida por el coronavirus, según confirmaron desde el Gobierno.

Además, se extenderá por otros dos meses la prohibición de efectuar suspensiones por los mismos motivos, aunque quedarán nuevamente exceptuadas las suspensiones que sean pactadas individual o colectivamente u homologadas por la autoridad de aplicación en el marco de los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

Los gremios también pidieron la extensión de la doble indemnización, decreto que tiene fecha de vencimiento el 17 de diciembre. La norma establecerá que los trabajadores tendrán derecho a este pago doble por otros 60 días en caso de despidos sin justa causa.

Entre las medidas para proteger los puestos de trabajo está el lanzamiento del REPRO II que consistirá en una suma de dinero individual y fija a abonar a los trabajadores y las trabajadoras, a cuenta del pago de las remuneraciones a cargo de los empleadores y las empleadoras adheridos al Programa. Se trata de un monto mensual de $9.000 por cada relación laboral activa del empleador alcanzado por el programa.

El plan promete brindar un procedimiento más ágil y acotado para la inscripción dada la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Más allá de eso, según el documento, habrá controles suficientes, necesarios, estrictos y rigurosos para evaluar a las empresas que quieran ingresar y asignar las correspondientes prestaciones. Para ello, se analizarán una serie indicadores que deberán reflejar el nivel de actividad, la solvencia y la liquidez, entre otros. En el trámite, determinación, asignación y pago del beneficio REPRO II intervendrán los ministerios de Trabajo, Economía y Desarrollo Productivo, la AFIP y la ANSES.

Fuente: El Destape