El Gobierno de Alberto Fernández oficializó hoy la decisión de que la Dirección Nacional de Vialidad recupere y mantenga la administración de Corredores Viales Nacionales, con más de 3 mil kilómetros de rutas. La medida fue oficializada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1036/2020 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del Presidente y la del pleno del gabinete nacional.

De esta manera, la decisión devuelve al Estado la gestión y administración de las rutas 3, 5, 7, A008, 8, 9, 11, A012, 33, 34, 35, 36, 193, 205, 226, ; Autopista Riccheri, Autopista Jorge Newbery; y Autopista Ezeiza/Cañuelas; entre otras.

Se otorgará la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario.

El Presidente instruyó al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a aprobar y suscribir el correspondiente Contrato de Concesión con la empresa estatal Corredores Viales SA, previa intervención de la Dirección Nacional de Vialidad. El plazo del contrato será fijado en diez años, contados a partir de la fecha de toma de posesión, contemplando además la posibilidad de prorrogarse por períodos sucesivos.

Asimismo, el Gobierno le dio a Corredores Viales SA la posibilidad de ceder en garantía los derechos al cobro de peaje y otros ingresos, con previa autorización de la autoridad de aplicación, que Vialidad Nacional.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había anunciado en febrero que cinco corredores viales con unos 3.373 kilómetros de rutas que estaban concesionados a manos del Estado iban a volver a manos de la Dirección Nacional de Vialidad. La semana pasada, el funcionario dijo que tras negociaciones con los concesionarios hubo un mutuo acuerdo para dar de baja los contratos sin que esto dispare litigios contra el Estado nacional en el futuro.

La mayoría de las concesionarias habían comprometido inversiones a través de proyectos de Participación Pública y Privada (PPP) durante el macrismo, pero casi cuatro años después sólo habían desarrollado el 2% de lo comprometido, según fuentes oficiales.

Ahora, con el DNU, el Gobierno decidió otorgar la concesión de obra pública por peaje para la construcción, mejora, reparación, promoción, ampliación, remodelación, mantenimiento, administración, explotación y prestación de servicios al usuario de las rutas.

Fuente: El Destape