El Senado de la Nación podría convertir en ley al proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario de Grandes Fortunas, o comúnmente denominado, “impuesto a las riqueza ”. Este viernes, volverá a sesionar por segunda vez en la semana y tratará, también, el proyecto de ley de fuegos, que prohíbe las ventas de tierras incendiadas por 30 y 60 años, con el objetivo de evitar especulación y otros emprendimientos inmobiliarios.

Ambos proyectos ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados y esta tarde podría convertirse en ley.

A comienzos de esta semana, el Senado sesionó y aprobó el proyecto de ley que plantea que la toma de deuda externa por parte del Estado Nacional debe consultarse primero con el Congreso de la Nación.

Con un índice de pobreza que aumentó al 44,2% en todo el país, el Senado se prepara para aprobar definitivamente el proyecto de ley que impone un aporte único a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos. La normativa busca recaudar 300 mil millones de pesos que serán destinados, especialmente, a programas sociales y a políticas sanitarias en el marco de la pandemia de COVID.

El proyecto de ley de las grandes fortunas busca cobrar el 2% a los patrimonios de personas físicas (es decir, no de las empresas) que en hasta la fecha hayan declarado una fortuna que supere los 200 millones, por lo cual se estima que solo afectará a 10 mil personas en todo el país.

Según información oficial, la tasa se elevará al 2,25% en casos bienes por entre 300 y 400 millones de pesos, al 2,50% entre 400 y 600 millones y al 2,75% cuando sea de 600 a 800 millones.

Ley de Fuego

Por su parte, los senadores también buscarán convertir en ley a la iniciativa del diputado nacional Máximo Kirchner, que busca modificar la ley 26.815 de Manejo del Fuego.

El proyecto buscará sumar cuatro artículos, en donde se establecerá que “no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al empleo y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio”.

Según explicaron desde el oficialismo, esas tierras afectadas no podrán ser vendidas o modificadas hasta el plazo de 60 años máximo, para que “los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales” tengan garantizadas las “condiciones para la restauración de las superficies incendiadas”.

Fuente: Infocielo