Las escuelas públicas de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta (el distrito más rico del país) contaran únicamente con alumnos y alumnas que no puedan pagar una matrícula de escuela privada. Así lo determinó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, en un polémico fallo que resuelve de una manera controvertida un problema de varios años de reclamos por la falta de vacantes.

De esta forma, Larreta obtuvo el respaldo de la Justicia porteña con un fallo que va en contra de la propia Constitución porteña, que en su artículo 24 señala: “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública estatal, laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad”.

En consecuencia, el fallo del Tribunal Superior de Justicia, bajo el Expte. n° 15955/18, atenta contra la educación pública y retrocede en el tiempo a instancias anteriores a la sanción de la Constitución aprobada en el año 1996.

El portal El Grito del Sur detalló que de los 5 magistrados que tiene el TSJ, cuatro votaron contra la comunidad educativa y a favor del gobierno porteño: Marcela De Langhe fue la jueza que emitió el primer voto en favor del Ejecutivo.

Acto seguido, la jueza Inés M. Weinberg y el juez Santiago Otamendi hicieron lo propio, al igual que el magistrado Luis Francisco Lozano, quien dentro de sus argumentos propuso que las causas sobre pedidos de vacantes se acumulen en la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que lleva adelante reclamos de las familias que demandan vacantes por la vía legal cuando agotaron todos los canales de reclamo en el Ministerio de Educación que dirige Soledad Acuña.

La única jueza que votó a favor de que las familias puedan seguir demandando por la vía legal una vacante en la educación pública y gratuita fue la jueza Alicia Ruiz.

Con este polémico fallo, el Gobierno de la Ciudad deja afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no permite que aquellas familias que no pudieron acceder a la escuela pública tampoco puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación, para poder pagar una vacante en la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido.

El fallo es en respuesta a la demanda presentada por una mamá en representación de su hijo menor de edad, quien inició una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto -subsidiariamente- en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.