Mientras la Villa 31 se ve envuelta en un manto de preocupación por los exponenciales aumentos de casos de coronavirus, salió a la luz un contrato por más de dos millones de dólares de la secretaría que conduce el funcionario del gobierno porteño encargado de la villa, Diego Fernández, para el "servicio de consultoría para la contratación de recursos humanos para conformación de la Gerencia Operativa de Reasentamiento".

Según publicó el portal Página12, desde el gobierno porteño argumentaron que ese dinero es un préstamo del Banco Mundial y se usó para contratar a los profesionales que trabajan en la relocalización de las personas que viven bajo la autopista.

Sin embargo, no pudieron explicar por qué esos trabajos se tercerizaron a una empresa que viene embolsando decenas de millones en consultorías al Gobierno de la Ciudad, incluyendo una para supervisar obras en el arreglo de las veredas.

La Villa 31 tiene un área específica del gobierno porteño destinada a su integración como barrio. Se trata de la Secretaría de Integración Social y Urbana, que conduce Diego Fernández, y que estuvo en el ojo de la tormenta en estas semanas por la falta de agua en la villa y la explosión de casos de coronavirus. En ese contexto, se conoció el contrato en dólares con una consultora. Las primeras noticias aparecieron en una cuenta de Twitter liberal que suele escrachar funcionarios.

El contrato comenzó el año pasado por 1.141.488 pesos y 1.199.653 dólares y tuvo una extensión este año por otros 857.599 dólares. Según figura en la resolución firmada por Fernández, "el objetivo es contratar servicios profesionales para integrar los distintos equipos que conforman la Gerencia Operativa de Reasentamiento". La consultora forma parte de la “evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista” y es financiada por un préstamo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

La consultora se llama HYTSA y al frente figura Marcela Inés Pimentel, una licenciada en Oceanografía que dirige esa firma desde hace 35 años. Como vicepresidente aparece el ex presidente del Club Independiente Javier Cantero.

Diego Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana porteña.
Diego Fernández, Secretario de Integración Social y Urbana porteña.

En su web, indican que hacen estos trabajos de consultoría para distintos gobiernos, como el de Salta o el de Tucumán. Con el gobierno porteño tiene una larga lista de contratos, que vienen desde la época de Mauricio Macri. Un pequeño resumen: en 2018 hicieron otra consultoría en la Villa 31 por 6 millones de pesos y una tercera en el mismo barrio en conjunto con otra empresa por 28 millones de pesos. En 2017, habían intervenido para evaluar el servicio de agua potable en esa villa, lo que costó otros 13 millones de pesos. Otro dato: la secretaría que conduce Fernández existe desde 2015.

HYTSA tiene, además, un contrato para "el control integral del servicio de higiene urbana" por 27 millones de pesos. El año pasado hizo otra consultoría para la obra del arroyo Medrano por 5 millones de pesos y se dedicó al "servicio de inspección de obras en vías peatonales" por 38 millones de pesos. Esta fue otra de las polémicas por tercerización de empleados que protagonizó el gobierno cuando la actual ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, era la subsecretaria de Vías Peatonales: los supervisores de las obras eran tercerizados a esta empresa.