La justicia recibió un nuevo pedido para que sea procesado el exsecretario presidencial Darío Nieto, como parte de un plan de espionaje ilegal “perfectamente orquestado desde la cúspide del poder del gobierno de Mauricio Macri”. En una presentación ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, los querellantes abogados Jorge Chueco y Rafael Resnick Brenner, difieren con la fiscalía y consideran que Nieto también debe ser procesado por reportar directamente al “uno”, Mauricio Macri. 

Los querellantes también apuntaron contra los ex titulares de la AFIP Leandro Cuccioli y Alberto Abad, y el entonces director de la UIF Mariano Federici por el uso de celulares encriptados distribuidos por la AFI de Gustavo Arribas, “lo cual también era el aporte necesario para resguardar la necesaria confidencialidad proveniente del resultado de tareas de espionaje ilegal”, consignaron.

Para los letrados, toda la actividad de espionaje ilegal “respondió a un plan perfectamente orquestado y delineado desde la cúspide del poder del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, que lo sindican como responsable directo de lo que hasta podría denominarse como una “política de estado”, reseñó Ámbito Financiero. 

Los abogados aseguraron que debe descartarse la idea de que el espionaje ilegal fue responsabilidad de "agentes sueltos", sino que se trató de una estructura montada desde el Gobierno de Mauricio Macri. “Va de suyo que ‘el cuento del cuentapropismo’ de ciertos agentes de la AFI cae por sí sólo a poco que se verifique que todo desembocaba en la cúspide de su estructura, (Arribas/Majdalani) que a su vez, especialmente en el caso de Arribas (señor 5) tenía “un reporte directo” con Macri, cuyo secretario privado, organizador de agenda, confidente y jefe de una de las principales imputadas (la Sra. Martinengo), no era otro que Nieto”, explicaron.

En la presentación se remarcó que también “fue la AFI al comando de Gustavo Arribas quien compró, diagramó y distribuyó los teléfonos encriptados que utilizaron tanto el titular de la UIF de ese entonces (Mariano Federici), los funcionarios a cargo de la AFIP (Abad/Cuccioli), entre muchos otros, lo cual también era el aporte necesario para resguardar la necesaria confidencialidad proveniente del resultado de tareas de espionaje ilegal, que luego encontramos como supuesto soporte legal en diferentes causas judiciales, cuando en realidad tal información provino de actividades ilícitas y en muchos casos, los jueces o miraron para otro lado, o las consintieron como si fueran el producto de investigaciones desarrolladas en legal forma”.