El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó como querellante a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en otra causa de espionaje ilegal que involucra al macrismo. El magistrado consideró que había elementos para tener a la histórica institución como damnificada porque durante el gobierno de Mauricio Macri se realizaron tareas de inteligencia ilegal sobre docentes que dictaban clase en las cárceles federales. Escandaloso. 

Diferentes causas judiciales investigan todo un entramado cuasimafioso que persiguió y escuchó ilegalmente a docentes, familiares del ARA San Juan, dirigentes opositores, periodistas, referentes de la cultura. Nunca antes pasó algo similar en la historia de la democracia moderna argentina. 

Ahora, el juez Martínez de Giorgi aceptó a la UBA como querellante en el caso de espionaje que se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora y luego pasó a Comodoro Py, donde está involucrada la cúpula de la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) macristas. Actualmente, la megacausa cuenta con 38 procesados, entre los que se cuentan desde el exjefe de inteligencia Gustavo Arribas a Susana Martinengo, quien trabajaba en Casa Rosada. La situación procesal de los imputados está siendo revisada por la Cámara Federal porteña (también revisa la falta de mérito que recibió el secretario privado de Macri, Darío Nieto).

Entre los espiados figuran dirigentes políticos –como CFK y Horacio Rodríguez Larreta-, sindicales, eclesiásticos, empresarios, periodistas y los llamados “presos K”. En el marco del capítulo penitenciario, la AFI y el SPF también hicieron inteligencia ilegal sobre profesores universitarios que dictaban clase en las cárceles.

La documentación sobre el espionaje ilegal a docentes que daban clase en las cárceles surgió de un allanamiento realizado en la dirección de Inteligencia del SPF, en el marco del capítulo penitenciario del espionaje ilegal macrista, reseñó El Destape.

“Atento a que en la documentación compulsada, relacionada con la calle Varela 266 de esta ciudad, sede de la Dirección Principal de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal, fue hallada documentación en la que aparecen fotos de docentes que dan clases en cárceles federales, se habrá de entender que dichas circunstancias, junto a los elementos expuestos en la presentación realizada por la Universidad de Buenos Aires, constituyen indicios suficientes para considerar verificada la posibilidad de que haya resultada perjudicada por los hechos que componen el objeto procesal de esta pesquisa”, indicó Martínez de Giorgi.