Durante la pandemia, la enorme mayoría de las familias argentinas tuvieron recortes salariales. Sólo en en área metropolitana (Gran Buenos Aires y Capital Federal), la mitad de los hogares vieron reducidos sus ingresos mientras que el 40% sufrió algún tipo de problema laboral, como despedidos o suspensiones, de acuerdo a un estudio del Indec. Previendo este panorama desolador que sufrirían las familias, el Gobierno decretó a fines de marzo de 2020 el congelamiento de los alquileres y la suspensión de los desalojos.

El DNU regía hasta el 30 de septiembre pasado, pero se prorrogó luego hasta el 31 de enero de 2021, y a poco menos de dos semanas de que llegue a su fin las autoridades nacionales evalúan extenderlo al menos un mes más. "Está en análisis y se está trabajando en eso", confiaron voceros del Ministerio de Hábitat de la Nación.

El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, manifestó la necesidad de que se extienda más allá del 31 de enero próximo el decreto que congela los alquileres al valor de marzo 2020 a la vez que posibilita el no pago de la renta sin desalojo para aquel inquilino que perdió su empleo o vio reducido drásticamente su ingreso.

En ese sentido, a fin de 2020 durante una reunión que mantuvo con el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, acercó seis propuestas que pretenden solucionar el problema de acceso a la vivienda en alquiler.

En primer lugar, la extensión al menos hasta el 31 de marzo próximo del decreto 766/2020, que ordena el congelamiento de alquileres al valor de marzo 2020 y la suspensión de desalojos. Asimismo, solicitaron la reglamentación de los contratos de alquiler ante AFIP; promover una campaña de difusión de la nueva ley de alquileres y el decreto; la creación de un organismo de control; la prohibición de oferta en dólares de los inmuebles; y la generación de subsidios para la cancelación de pagos de alquileres atrasados.