Con el objetivo de solventar el plan del Gobierno Nacional frente a la pandemia de coronavirus, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planea enviar un escrito a la Corte Suprema de la Nación con un pedido de certeza para establecer si sería constitucional una ley aprobada de manera remota y si consideraría que esa norma no podrá ser invalidada luego por la vía judicial.

"La situación de crisis económica y social que se desató hace un par de años en nuestro país no ha parado de profundizarse y la pandemia la agravará a límites aún desconocidos. En estas circunstancias, la necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación es, a todas luces, impostergable", señala Cristina en el escrito. 

Sin más, la vicepresidenta le pide al máximo tribunal que, "De modo URGENTE se dicte la declaración judicial de certeza disipando el estado de incertidumbre planteado".

Por su parte, el gobierno nacional espera tanto en materia impositiva como penal la aprobación del Congreso. Si bien las comisiones están activas a través de plataformas de videoconferencia durante el período de aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el Ejecutivo, la Constitución Nacional establece que para aprobar un nuevo impuesto es necesario que los senadores y diputados estén presentes en el recinto.

En ese sentido, los integrantes de ambas cámaras del Congreso acataron la medida del aislamiento social y en su mayoría volvieron a sus provincias. Con los vuelos de cabotaje suspendidos y las rutas con retenes, además de que en muchos casos forman parte del grupo de riesgo, los legisladores no estarían en condiciones de presentarse a dar quórum.

El proyecto más resonante de un impuesto a la riqueza es el que impulsan Máximo Kirchner y Carlos Heller, por el Frente de Todos.