El impuesto a las grandes fortunas logró recaudar casi 250 mil millones de pesos y fue abonado en tiempo y forma por la inmensa mayoría de los alcanzados en el tributo.

Sin embargo, una minoría (de cerca de 300 ricos sobre 10 mil) decidió ir a la riqueza a ver si un juez amigo les permita evitar el pago del tributo, cuya recaudación se destinará íntegramente para ayuda social en el marco de la pandemia.

Ahora, se conoció que la Justicia rechazó 61 presentaciones sobre 290 acciones judiciales iniciadas por contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones. La Justicia ya rechazó 61 presentaciones, lo que incluye acciones declarativas y amparos. No trascendieron los nombres de los rebeldes rechazados. 

Solamente se mantienen vigentes 10 medidas concedidas por los tribunales a multimillonarios. Tal es el caso en el que la jueza Cecilia Gilardi Madariaga de Negre suspendió el pago del empresario Alejando Scannapieco. La Nación se apalancó en ese fallo para pronosticar: “Se espera que la gran catarata de judicializaciones”. No pasó.