El fiscal federal Franco Picardi solicitó este martes las primeras medidas de prueba en la causa por "hostigamiento fiscal" contra la exsenadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos durante el gobierno de Mauricio Macri.

La denuncia fue presentada por la actual titular de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) luego de una presentación realizada por Fernández de Kirchner, quien señaló, con pruebas, que mientras Cambiemos estuvo en el poder el ente recaudador había iniciado actuaciones en su contra de las cuales nunca había sido notificada.

De acuerdo a lo informado por Télam, Picardi le solicitó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que requiera información a la AFIP y a distintos organismos del Poder Judicial.

La semana pasada, Marcó del Pont presentó frente a la Justicia los resultados de las auditorías internas dispuestas en febrero después de las presentaciones formuladas por la expresidenta.

En esta auditoría se explicó que se había detectado "la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del Ingeniero Leandro Cuccioli" encuadrables en los delitos de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita".

Además, se notificaron ocho tipos de irregularidades distintas que daban cuenta de la "presunta finalidad persecutoria contra la principal referente del espacio político opositor durante el período 2015-2019 y sus hijos":

1. La iniciación y continuación, durante un año, de una fiscalización contra la exmandataria "sin siquiera intentar notificarla de manera efectiva" con un "llamativo aval de la fiscalía que había ordenado la determinación de la eventual deuda tributaria".

2. La persistente notificación ulterior a la vicepresidenta de lo actuado por la AFIP en un domicilio que no tenía vinculación alguna con ella.

3. Irregularidades en las determinaciones de deuda de la exjefa de Estado y de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

4. La realización de una gran cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal de los tres contribuyentes aludidos sin fundamento legal siquiera aparente.

5. La intervención de funcionarios de AFIP distintos a aquellos que resultaban competentes.

6. La actuación de funcionarios de AFIP en causas judiciales en supuesta representación del organismo sin mandato para ello.

7. La creación, dentro de AFIP, de grupos de seguimiento y control de las actividades de contribuyentes específicos, sin respaldo legal suficiente.

8. La existencia de una actuación coordinada, con vías de comunicación alternativas y distintas a las formales, con juzgados y fiscalías federales.

Entre aquellos funcionarios que presuntamente habrían participado de las maniobras denunciadas por Marcó del Pont, se encuentra el "agente Jaime Mecikovsky" quien habría actuado sin una autorización formal que lo designara como auxiliar de la justicia o lo comisionara para poder prestar funciones ante otro poder del Estado, detalló el portal Página 12. 

En relación a las supuestas comunicaciones irregulares entre la Afip y la justicia federal durante el macrismo, la denuncia pone el foco en que se habían detectado “vías alternativas de comunicación” entre el ente recaudador y el juzgado federal 11 –entonces a cargo de Claudio Bonadio- y fiscalías federales.

La causa en la que la vicepresidenta interviene como querellante tramita precisamente en el juzgado que ocupó Bonadio hasta su muerte y ahora encabeza el juez Martínez de Giorgi; mientras que la fiscalía que impulsó la investigación está interinamente a cargo de Picardi porque su titular, Paloma Ochoa, se encuentra de licencia.