En la presentación, Ochoa plantea entre los argumentos de la imputación, que desde la secretaria de Energía que comanda Iguacel se buscó "asegurar un margen de ganancia" de las compañías en un contexto devaluatorio que afecta a la mayoría de los sectores de la sociedad argentina.

De esta manera, la fiscal le solicitó a la jueza María Romilda Servini medidas de prueba para comenzar la investigación y además le solicitó que dicte “de forma urgente” una medida cautelar “de no innovar” contra la Secretario de Gobierno de Energía del Ministerio de Hacienda para que se suspenda por 60 días la aplicación de la resolución cuestionada.

Cabe señalar que igualmente el Gobierno nacional dio marcha atrás con la medida luego de la presión que recibió por distintos sectores de la oposición y sobre todo por parte de integrantes de la propia alianza gobernante como es el caso del radicalismo. Ahora será el Estado el que le pague a las compañías ese dinero.