El proyecto de ley de modificación del régimen previsional de magistrados y fiscales, enviado el viernes pasado por el Gobierno nacional, generó un fuerte revuelo en el mundo de la Justicia. El rechazo fue inmediato y unánime. Ya comenzó una ola de renuncias ante la posibilidad de que la reforma avance en el Congreso.

Los magistrados que ya tomaron la decisión de renunciar durante esta semana son diez. Se trata de Miguel Omar Pérez (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala III); Marcelo Gonzalo Díaz Cabral (Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín); Beatriz Bistué De Soler (jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 de la Capital Federal); Silvia Nora Ramond, (jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°37 de la Capital Federal).

Además dejarían su puesto Miguel Angel Caminos (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal); Fernando Adolfo Larrain (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°2 de la Capital Federal); María Cristina Bértola (juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16); Juan Carlos Dupuis (vocal de la Cámara Nacional en lo Civil Sala E); Carlos Alberto González (vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Vocalía N° 20); y Jorge Adolfo López (juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal).

En el Ministerio Público también advierten por masivas renuncias de fiscales si el proyecto de ley del Ejecutivo prospera.

Las claves del proyecto de reforma jubilatoria de jueces y fiscales:

. Prevé una suba de la edad mínima jubilatoria de manera escalonada hasta alcanzar los 65 años.

. Eleva los aportes del 12 al 19 por ciento.

.  Se modifica el cálculo del 82 por ciento móvil. Será el equivalente al promedio de las remuneraciones de los últimos diez años, como el régimen general.

.  Aumenta los años de servicio con aportes requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio.

Rechazo de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales:

Ambas organizaciones reaccionaron a la reforma jubilatoria y emitieron dos comunicados, en los cuales aseguraron que este proyecto “se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”. Básicamente hacen referencia al principio de “intangibilidad de la remuneración” que según plantearon “ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión por parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia”.

“(…) Debemos señalar que la función que desempeñamos presenta una naturaleza propia con características y exigencias específicas muy diferentes de las restantes responsabilidades estatales, en tanto miembros de órganos constitucionales independientes. Ninguna actividad se encuentra regida por un sistema de incompatibilidades tan estricto como el de nuestros magistrados y funcionarios”, sostuvieron.

“Se ha solicitado a las autoridades de ambas Cámaras del Congreso Nacional la posibilidad de tomar intervención en las sesiones atinentes al mentado proyecto de ley, a fin de poder ilustrar acerca de los presupuestos jurídica y constitucionalmente erróneos sobre los cuales se estaría fundando el proyecto, al igual que respecto de las gravosas consecuencias que podrían seguirse de su sanción (…)”, señalaron ayer.

Fuente: El País Digital