Por falta de pruebas de parte de los denunciantes y tras corroborar que el Estado formoseño aportó todas las documentaciones requeridas en cuanto a la atención médica que recibieron las mujeres que formaban parte del expediente que llegó hasta las Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se resolvió levantar la medida cautelar que había sobre la provincia de Formosa.

La primicia la brindó el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia de Formosa, Jorge González en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Emergencia. “Queremos darles una primicia que no van encontrar en ningún lado porque esto no lo van a contar ellos –en referencia a los sectores de la oposición y los medios que están detrás de la operación mediática que armó la falsa noticia sobre supuestas persecuciones y maltrato a mujeres embarazadas wichí en el interior provincial-, y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos levantó la medida cautelar que pesaba sobre la provincia ”.

Tweet de Secretaría DDHH

El comunicado

"Tras un exhaustivo trámite que requirió varios informes elaborados por las autoridades de Formosa y la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros organismos nacionales, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer una resolución mediante la cual decidió levantar las medidas cautelares que había dictado el 16 de abril pasado. La contundente decisión de la CIDH fue adoptada por unanimidad el domingo 11 de julio, y fue comunicada al Estado a última hora del martes 13", dice el comunicado que difundió la secretaría de Derechos Humanos.

Y sigue: "En su resolución, la CIDH reconoce que el marco fáctico que había valorado para dictar las medidas cautelares no se verificó durante el trámite internacional. En otras palabras, que la gravísima denuncia internacional formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer".

"La Comisión Interamericana también cuestiona severamente la falta de colaboración de los peticionarios en brindar información precisa que permitiera identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger y valora de modo positivo el esfuerzo desplegado por el Estado para verificar si había alguna persona que no estuviera recibiendo la atención médica correspondiente", dice el texto. Y agrega que “la Comisión observa que el Estado ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde. (…) [La Comisión observa que la representación no ha brindado soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo (…). En tal sentido, no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”.