La Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) se pronunció en durísimos términos sobre las reuniones de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky con el ex presidente Mauricio Macri, ante un pedido de la jueza de la Cámara de Casación Federal, Ángela Ledesma. En muchos sectores de la Justicia hay mucho malestar por las relaciones poco transparentes entre Cambiemos y muchos magistrados.  

La resolución de la CIEJ cuestionó las reuniones entre jueces y poderes políticos, además de bregar para que, si deben realizarse, sean en el marco de reuniones públicas y transparencia para no generar sospechas.

También destacaron que las reuniones entre jueces y políticos en general pueden afectar el principio de separación de poderes y, por lo tanto, el del Estado de Derecho.

En el caso de Hornos visitó a Mauricio Macri en la Casa Rosada varias veces y ante la consulta de sus pares reconoció que lo "unía una relación de amistad" personal con el ex presidente. Mariano Borinsky, por su parte, se reunió con Macri en la Quinta de Olivos, donde jugaron varios partidos de paddle. Muchas reuniones se dieron en semanas clave, antes o después de que los jueces tomaran medidas contra rivales políticos de Macri. Escandaloso.  

Las principales definiciones de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial:

"La necesaria cooperación armónica entre los órganos del Estado no impide, ciertamente, la presencia institucional de los jueces, como muestra de cortesía, en reuniones públicas con los más altos responsables políticos de la Nación. Sin embargo, resulta desaconsejable de manera terminante una familiaridad y una regularidad en los intercambios y en la presencia de jueces en los organismos gubernamentales. En estas condiciones, se deberán tomar las previsiones requeridas para garantizar la transparencia y publicidad de dichos encuentros y velar para que no se celebren reuniones en privado que puedan generar algún tipo de sospecha".

"Las reuniones de jueces y responsables políticos pueden afectar a la separación de poderes como principio básico del Estado de Derecho".

"La independencia y la imparcialidad del juez no pueden despertar dudas ni temores a los justiciables que estén ante los tribunales pero tampoco pueden generar desconfianza en los ciudadanos".

"Los jueces deberían en todo caso comportarse en todo momento y en el ejercicio de sus funciones al margen de la “actividad política partidaria”.

"Para los supuestos en que se vea comprometida la imparcialidad existe la obligación legal y ética del juez de abstenerse o de admitir la recusación que se le formule por las partes. En este supuesto, no hay duda de que el trato con una de las partes implicadas en el proceso, con anterioridad o con mayor razón al mismo tiempo que se están desarrollando, determina la estabilidad legal y ética del juez de seguir conociendo el asunto".