Contradiciendo las versiones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este miércoles La Cámara de Apelaciones de General Roca decidió revertir la resolución del juez Leonidas Moldes, procesó por “homicidio agravado” al cabo primero Francisco Javier Pintos y dictó la prisión preventiva.

La resolución está firmada por los jueces Mariano Lozano, Fernando Gallego y Ricardo Barreiro. Tiene ochenta páginas donde desmienten la versión oficial sobre la cual el juez Moldes basó el cierre de la instrucción y que afirmaba que hubo un enfrentamiento armado con los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu y negó que existiera una persecución.

Es un importante paso hacia el esclarecimiento del asesinato por parte del Estado de Nahuel. Con este expediente, la Cámara de Apelaciones de General Roca descartó los procesamientos contra cinco integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina bajo la figura de “homicidio en exceso de legítima defensa”, y en cambio procesó por “homicidio agravado” al cabo primero Francisco Javier Pintos, de cuya arma subfusil MP5 salió el disparo mortal.

Según informó Tiempo Argentino, el tribunal admitió la apelación de los otros miembros del grupo Albatros involucrados en la causa, Carlos Valentín Sosa, Sergio Guillermo Cavia, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón, cuyos procesamientos fueron revocados y se dispuso para ellos la falta de mérito.

Por caso, los jueces descartaron la relevancia de la pericia balística realizada por Gendarmería que ponía en duda la procedencia de la bala que mató a Nahuel. Ese trabajo había sido solicitado por los Albatros comprometidos, luego que una primera pericia determinara de forma indubitable que el proyectil provino del subfusil MP5 del Cabo Pintos. En su resolución, la Cámara dictó la falta de mérito para los otros cuatro Prefectos involucrados.

Entre el 23 y 25 de noviembre de 2017 durante una brutal represión contra la comunidad indígena Lafken Winkul Mapu, un operativo del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina se cargó la vida del joven mapuche Rafael Nahuel. Además, resultaron heridos otros dos mapuches (una mujer y un varón) también por armas de fuego, y fueron detenidas varias personas, entre ellas cinco niños.

Los hechos se produjeron en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la zona del lago Mascardi, ubicado en la provincia de Río Negro, dispuesto por el juez federal de Bariloche Gustavo Villanueva y ejecutado por la Prefectura Naval Argentina, dependiente del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich.