(por Andrés Fidanza) María Eugenia Vidal no siempre fue la Mariu virginal que construyó Jaime Durán Barba desde cero. Esa imagen de trazo grueso ocultó (y todavía lo hace) su verdadera ambición, su ideología, su inflexibilidad y hasta una parte de sus méritos. Desde que asumió como Ministra de Desarrollo Social porteña, en 2008, le puso el cuerpo a algunas de las situaciones más difíciles que atravesó el gobierno de Mauricio Macri. Algunas de las cuales terminaron con muertos y heridos.

En las ocupaciones de tierras y viviendas del Parque Indoamericano, en diciembre de 2010, fue la única funcionaria porteña que dio la cara: culpó al gobierno de Cristina Kirchner y se negó a dar comida, agua y poner baños químicos durante la toma, pero decidió estar ahí, en la zona del conflicto y la represión que dejó tres muertos. Cuando la Corte Suprema de la Nación citó a algún representante del gobierno para estudiar la crisis habitacional porteña, Vidal podría haber mandado a un funcionario subalterno. No lo hizo: prefirió estar y representar la cara menos humana del PRO.

Era jueves 15 de septiembre de 2011: Vidal todavía era Ministra de Desarrollo Social porteño y no imaginaba ni remotamente la posibilidad de ser gobernadora.

“En la ciudad se genera enorme presión de demanda. Presión que no es solamente generada por la demanda natural de crecimiento de la ciudad, sino por las migraciones que recibe del resto del país y de de países limítrofes. Más de un 30 de la población no es de la ciudad: el 26% es de otras provincias. Y casi un 10% de países extranjeros”, planteó Vidal.

La audiencia había sido convocada por la Corte para tratar uno de los 37 casos semejantes que habían llegado a la máxima instancia judicial. El debate de fondo era sobre cómo y durante cuánto tiempo el Estado debía asistir a las personas en situación de calle o emergencia habitacional.

Bajo su gestión como Ministra, Vidal había impuesto un criterio inflexible: las personas que pasaban la noche en los paradores estatales no calificaban como “en situación de calle” y, por lo tanto, no debían recibir el subsidio de 700 pesos que les correspondía por ley. Al momento de su exposición ante la Corte, unas 4 mil personas cobraban ese plan, y Vidal pretendía mantener ese número a raya.

Además aplicaba a raja tabla el decreto 690/06, que fijaba un límite de diez meses para recibir el subsidio. Así, las opciones para los miles de homeless porteños eran: el parador o los 700 pesos. Y si elegían cobrar los 700 pesos para intentar pagar un alquiler o la habitación de un hotel, sólo lo podían hacer por un lapso de diez meses. Después de eso, alguno de los 22 albergues estatales o a la calle otra vez.

La mayoría de los paradores abrían (todavía lo hacen) a las 6 de la tarde y cerraban a las 7 de la mañana: es decir, las personas no podían pasar el día ahí. Y como su cupo era limitado -1600 camas, con baños y habitaciones compartidas por familias enteras-, era normal ver largas filas desde antes del horario de apertura para acceder a un lugar donde pasar la noche.

Ante ese panorama, se multiplicaban los reclamos y causas judiciales, tanto individuales como de organizaciones sociales: en 2011 había 1200 casos en juzgados de primera instancia porteños y otros 200 en Cámara de Apelaciones. La Corte, entonces, decidió fijar posición sobre los reclamos habitacionales, tomando una de las causas más dramáticas: la de Sonia Quisbeth Castro, inmigrante boliviana, mamá de un chico de seis años quien tenía una discapacidad motriz, visual, auditiva y social.

Trabajaba hacinada en un taller de costura y, tras el nacimiento de su hijo, perdió el empleo y ambos quedaron en la calle. Pasó por paradores, hogares y hoteles, hasta que dejó de recibir el subsidio estatal y terminó viviendo a la intemperie en la esquina de Brasil y Pichincha. Con la asistencia de la Defensoría del Poder Judicial de la Ciudad, su caso llegó a los tribunales.

La mujer consiguió dos fallos seguidos favorables, pero en ambos casos el Ministerio de Vidal apeló y se negó darle el subsidio de 700 pesos. Tras esas dos instancias, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad le dio la razón al gobierno porteño: la defensa de Sonia Quisbeth Castro apeló y el caso llegó a la Corte.

“¿Entonces, si no se actúa por demanda judicial, se termina el subsidio y la gente queda en la calle?”, preguntó la jueza Elena Highton de Nolasco. Vidal asintió, y rápidamente advirtió que “si este caso sienta un precedente por el que la ciudad tiene que seguir pagando un subsidio eso va a generar un impacto sobre la ciudad y el resto del país”.

Otro miembro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, volvió a la carga y pidió detalles sobre qué interpretaba Vidal de las personas que vivían en los albergues estatales. “No consideramos que quien esté en un parador esté en situación de calle”, respondió la ministra.

Siete meses después, en abril de 2012, la Corte le ordenó a la administración de Macri mantener el subsidio para Quisbeth Castro, por el costo de una habitación básica. Y fue más allá: en una crítica integral a la política habitacional porteña, exigió que el gobierno le asegure al chico “la atención y el cuidado que su estado de discapacidad requiere y provea a su mamá el asesoramiento y la orientación necesarios para la solución de las causas de su problemática habitacional”.

El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo volvió a mostrar una versión inflexible de Vidal. “Si la ley no se vota hoy, mañana voy a estar más aliviada”, afirmó la gobernadora. Y a su vez generó a sabiendas un temor infundado, al asegurar que las cirugías vinculadas a los abortos legales le restarían recursos a las operaciones oncológicas y cardiológicas, en los hospitales públicos. En realidad, de haberse legalizado, el 90% de los abortos se realizaría de forma medicamentosa.

Además el gobierno de Vidal impide que la provincia adhiera al Protocolo Nacional de abortos no punibles, en contra de lo dispuesto por un fallo de la Corte Suprema. Esa resolución apuntaba a evitar efectivamente que se penalizara la interrupción del embarazo, cuando corría peligro la salud de la mujer o había sido consecuencia de una violación. Sólo en la provincia de Buenos Aires, en los últimos días murieron dos mujeres jóvenes por abortos realizados de forma clandestina.