Este jueves la patota que Luis Miguel Etchevehere mandó para presieron a su hermana Dolores. impidió que un móvil de la señal de noticias C5N ingresara a un campo en el que la hermana del ex funcionario de Mauricio Macri comenzó un emprendimiento agroecológico. Además, trascendió que uno de ellos estuvo procesado por trata de personas. "Soy Gustavo Percara de Chajarí", dijo uno de los hombres que maltrató a la periodista con términos despectivos y machistas.

Según publicaba el diario Norte de Corrientes, Gustavo Percara está encau­sado por haber reducido a la servidumbre a 40 obreros, en connivencia de otros sie­te titulares de empresas y de una cooperativa. Los imputados habrían alojado a las víctimas en un colectivo vetusto con camas cucheta y los habrían obligado a realizar tareas vinculadas a la explotación forestal de eucaliptus du­rante jornadas de diez ho­ras. No contaban con agua potable, luz eléctrica, baños ni elementos para poder conservar alimentos.

La investigación de la causa estuvo a cargo del fis­cal federal de primera ins­tancia Fabián Martínez.

En agosto de 2017, Martí­nez pidió juicio oral y público para ocho empresa­rios, a quienes acusó por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la ser­vidumbre en los campos dedicados al cultivo de eu­caliptos -ubicados en cerca­nías de aquella ciudad- per­tenecientes a la empresa de­nominada “El Batelito SA”, e imputó a Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Die­go José Percara, como coau­tores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colora­da, con domicilio legal en Misiones, y de tres herma­nos, socios integrantes de la firma “El Batelito SA” de Entre Ríos.

En mayo de 2019, Gustavo Ja­vier Percara, solicitó permi­so para tomarse unas vaca­ciones familiares en la Re­pública Dominicana entre los días 4 y 21 de junio. Ante esto el Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido al señalar “la pe­ligrosidad que implica la concesión de salida del país pudiendo el imputado dar­se a la fuga, y evitar de este modo la realización de la audiencia de debate”.