Este martes, a fin de cumplir el convenio firmado entre el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia del 29 de septiembre de 2016, la Presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, resolvieron asignar a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia la supervisión de las escuchas, que continuarán bajo la órbita de la Corte Suprema.

A su vez, el Poder Legislativo ejercerá el seguimiento de las actividades de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, encargada de las escuchas telefónicas que ordenan los jueces.

Según el acuerdo firmado entre el Congreso y la Corte, una comisión fiscalizará las actividades “para garantizar estándares de imparcialidad y transparencia institucional, y la actualización permanente de los métodos más eficientes para prestar asistencia contra el crimen organizado en los planos nacional y trasnacional”.