Este jueves una multitud de personas marcharon a la Quinta de Olivos en repudio al abandono por parte del gobierno de Mauricio Macri del programa Incluir Salud. Se trata de una política de Estado que brinda atención a más de 30 mil discapacitados en distintos servicios de educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos y transporte a dichos servicios.

El Foro Permanente para la Protección y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al igual que otras organizaciones que marcharon, denunciaron que el gobierno adeuda pagos a instituciones desde 2017. Además, reclaman por el aumento de aranceles de emergencia y por el recorte en pensiones por discapacidad.  

Muchos de los reclamos sostienen que el gobierno retrotrajo los pagos al transporte a valores de 2015, con lo cual hay chicos que no han comenzado las clases o sus tratamientos. Muchos transportistas han dejado de prestar servicios a las instituciones porque ya no pueden sostener el servicio, "ya no cierran los números", advierten. El transporte en el área de discapacidad es un servicio vital, ya que de él depende casi todo el resto de sus actividades.

"Esto no llega a cubrir los aumentos ya dados por diversos sindicatos para este año y se suma a los desfasajes del año anterior", sostiene el comunicado, que también advierte que los afectados son los profesionales de la salud que tienen en riesgo sus puestos de trabajo.