Llega fin de año y se repite la historia. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta suele mandar todos los proyectos polémicos durante los últimos días del año, cuando la atención pública está distraida con otros temas. Ahora, se sabe que Larreta pretende construir 11 torres, que serán un negocio inmobiliario para pocos y traerán muchos problemas a los vecinos. 

Esta semana, tuvo lugar la primera jornada de la audiencia pública en la Legislatura porteña por los convenios urbanísticos, firmados entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y constructoras privadas para levantar once nuevas torres. El macrismo quiere aprobar todo el paquete junto. 

En ese sentido, la legisladora del FIT Amanda Martín aseguró que “se trata de proyectos inmobiliarios de lujo que no tienen nada que ver con la necesidad de la población” y afirmó que “van a afectar a barrios tradicionales frente a una crisis habitacional donde un 40% de la población alquila su vivienda”.

María Paz Carreira Griot, miembro de la Junta Comunal 14, del barrio de Palermo, consideró que “estas excepciones a la norma nunca benefician a los vecinos de la ciudad, al contrario, dan mayor constructividad para beneficiar a los grandes desarrolladores inmobiliarios”.

Por su parte, Gabriel Sánchez, de la Junta Comunal 1, consideró que “los convenios se parecen más a un blanqueo de excepciones inmobiliarias que a una política pública pensada para los vecinos y las vecinas”; al tiempo que Diego Achile, de la Junta Comunal 13, indicó que “tienen un agravante que es la mercantilización de la norma urbana”, reseñó Infonews. 

La vecina de Núñez Marina Tallarico, en tanto, calificó a los acuerdos como “un atropello que permite construcciones de torres inmensas, no sólo en avenidas, sino también sobre los corazones barriales”.

Jonatan Baldiviezo, del Observatorio de la Ciudad y de la Coordinadora “La Ciudad Somos Quienes la Habitamos”, atribuyó la proliferación de los convenios urbanísticos a una “política de desplanificar la Ciudad de Buenos Aires a través de la acumulación de excepciones urbanísticas para continuar alimentando la especulación inmobiliaria y la caja política”.

“Estamos frente a la compra de leyes de parte de desarrolladoras inmobiliarias”, agregó y sostuvo que “estos convenios urbanísticos son nulos porque no tienen el norte de garantizar el bien común, sino el de favorecer los intereses privados”.

Por su parte, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, advirtió que, de sancionarse los convenios, “van a favorecer el negocio de empresas constructoras ya que son aproximadamente 200 mil nuevos metros cuadrados construidos” en el distrito.

“No vienen a mejorar la calidad de vida del conjunto de la ciudadanía, sino que ofrecen una compensación económica, entonces se compran leyes de excepción en la Legislatura”, destacó.

El paquete de convenios, no obstante, requiere de una segunda sanción legislativa dado que se encuadran en las normas denominadas "de doble lectura", las que contemplan un proceso que, a su vez, incluye la realización de la audiencia pública antes del nuevo debate en el recinto.

Entre las torres que se prevén construir está una de 53 metros en Amenábar 1501, esquina Virrey Olaguer y Feliú, en el barrio de Colegiales, sobre una parcela de casi 600 metros cuadrados; otra de 60 metros en Lafinur 3126, en Palermo; y también en avenida Del Libertador 5723, esquina La Pampa, del barrio de Belgrano.