Cuatro organismos del Estado, entre ellos la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, calificaron como "inaceptables" los dichos de Viviana Canosa sobre el caso de la niña M., en relación a los supuestos resultados de las pericias que le están realizando a la menor que fue capturada por un hombre en el barrio porteño de Villa Lugano y llevada a la localidad bonaerense de Luján, donde fue hallada tres días después de su desaparición.

En un comunicado conjunto, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (Conacai), la Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Público y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) aseguran que las palabras de la periodista son "inaceptables" ya que se "difundió información no oficial que revictimiza a la niña M. y a su entorno familiar".

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Tras señalar que en las últimas horas se recibieron "denuncias, quejas y expresiones de preocupación de la ciudadanía por el tratamiento periodístico de la situación de la niña de la Ciudad de Buenos Aires en situación de calle y que estuvo secuestrada", el texto también -poniendo como ejemplo el accionar de Canosa- precisó una serie de recomendaciones a la hora de cubrir mediáticamente cuestiones vinculadas a menores de edad.

En ese sentido se remarcó que "la identidad y la imagen de la niña que fue víctima de secuestro están bajo estricta protección legal". "Como ya expresó el CONACAI, luego de la valiosa colaboración de los medios para su hallazgo, los derechos de la niña y de su familia rigen como para cualquier otra, e incluyen la privacidad y la intimidad".

"Las circunstancias de la familia y allegados, pasadas y presentes, deben ser protegidas de la difusión pública. La Ley N.º 26.061, de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dispone que chicas y chicos que atraviesen situaciones críticas o conflictivas no sean expuestas en los medios, porque esa exposición no hace más que entorpecer y hasta impedir su recuperación", se subraya en el texto que repudia el accionar de la conductora que meses atrás protagonizó otro escándalo al tomar dióxido de cloro al aire, una sustancia desaconsejada como método para prevenir el coronavirus por los organismos sanitarios.

"La revelación de trascendidos o rumores sobre vulneraciones de las que la niña haya sido víctima es por lo tanto una violación a esa norma, que a su vez está incorporada a la Ley N.º 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual", recalca la misiva, antes de enfatizar: "Esta misma Ley previene sobre el impacto negativo en la sociedad de los tratamientos periodísticos que usen la morbosidad y detalles truculentos, así como sobre el daño que versiones de esa clase causan a las víctimas, en especial personas menores de edad".

"Las situaciones vividas por la niña de la Ciudad de Buenos Aires son objeto de una investigación judicial. Esta revelación de rumores y trascendidos pueden asimismo constituirse en un entorpecimiento al esperado avance de ese trabajo de investigación. Los medios de comunicación pueden contribuir a informar sobre problemas, conflictos y desigualdades sociales -como el que se pone en evidencia en este caso- enfocándolos en su conjunto, investigando los factores que los causan y buscando fuentes que propongan formas de superarlos, una tarea necesaria para la ciudadanía que sin embargo no necesita avasallar los derechos de las personas involucradas", concluye el comunicado.

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