No son buenos tiempos para Juntos por el Cambio, mientras explotan los casos en Comodoro Py y otros tribunales que destapan los aprientes a jueces y fiscales durante los últimos años y el espionaje ilegal a través de la AFI. El fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, exigió con fuertes términos y cuestionamientos que se reabra la causa por supuestas irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo, la "máxima" obra del gobierno macrista, realizada en la zona porteña de Puerto Madero.

El expediente, a contramano de lo que solía hacer con los casos en que investigaba al kirchnerismo, había sido cerrado por el juez Claudio Bonadio en diciembre pasado, poco antes de morir.

El fiscal Agüero Iturbe dijo que el Paseo del Bajo podría ser una más de las "tramoyas público privadas". Lo afirmó nada más y nada menos que en un escrito ante la Cámara porteña, en el que dice que se debe "investigar para saber si realmente nos enfrentamos a un fenómeno criminal, producto una vez más de la tramoya pública privada, o si realmente y conforme a prueba suficiente aquí no ha pasado nada".

Agüero Iturbe impulsó las apelaciones que habían presentado la fiscal Alejandra Mangano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, en febrero, contra el fallo con el que Bonadio había dictado los sobreseimientos de dos hombres PRO de alto vuelo: el ex ministro de Transporte del gobierno de Macri, Guillermo Dietrich, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hoy en posición dialoguista con la gestión de Alberto Fernández.

En su escrito, que se conoció hoy, el fiscal ante el tribunal de apelaciones enfatizó en el hecho de que una de las empresas beneficiadas con las supuestas licitaciones irregulares fue IECSA S.A. en momentos en los que todavía estaba bajo las órdenes de Ángel Calcaterra, el primo del ex presidente Macri que acompaña al ex presidente y otros ex funcionarios de su gobierno en varias causas.

"La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que 'IECSA S.A'", sostuvo el fiscal, que recordó que se trata de una empresa involucrada en las causas de los "cuadernos" y por posibles pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht en el marco de la adjudicación de las obras del ferrocarril Sarmiento.

Cuando apeló el fallo del juez Bonadio, la fiscal Mangano había señalado que la decisión del magistrado había sido "prematura" porque "no se agotaron las diligencias probatorias que debieron ineludiblemente adoptarse para estar en condiciones de dictar un temperamento liberatorio".

Además, se aludió a la existencia de "indicadores de direccionamiento de las licitaciones", que "permitieron abrir nuevas líneas para profundizar la pesquisa, en lo que respecta a las diferentes aristas de la maniobra".

La denuncia se presentó el 25 de octubre de 2018 y está dirigida contra Dietrich, Rodríguez Larreta, Franco Moccia, Ángel Calcaterra y Carlos María Frugoni por supuesta administración fraudulenta.

En esas presentaciones se advirtió sobre un supuesto direccionamiento y sobreprecios en un tramo de la licitación que habría favorecido a IECSA.

Fuente: Política Argentina