El abogado Alejandro Rúa solicitó que se cite a declarar a la ex diputada macrista Elisa Carrió en el marco de la causa conocida como Operación Puf, un caso que se creó por impulso de la AFI macrista con escuchas ilegales en el penal de Ezeiza. 

Durante el macrismo, existió todo un entramado mafioso que persiguió a opositores políticos e incluyó el espionaje ilegal. Esas situaciones ya están demostradas, resta saber cuál fue el rol de los principales funcionarios del gobierno de Cambiemos. ¿Mauricio Macri sabía?

Rúa, que representa a Roberto Baratta, una de las víctimas de las escuchas ilegales en la cárcel, requirió que se convoque a la cofundadora de Cambiemos para que entregue la documentación a la que hizo referencia en la denuncia que abrió este expediente en febrero de 2019 y nunca presentó.

Se trata de las transcripciones de las escuchas ilegales en el penal, que salieron de la exSIDE. En declaraciones públicas, Carrió dijo que no iba a decir quién le dio la información, como si tuviera inmunidad para hacerlo. Escándalo. 

A esta reciente presentación de Rúa, que debe resolver el juez del caso, Julián Ercolini, quien subroga el juzgado que ocupaba Claudio Bonadío, se suman otras que se fueron acumulando desde que la Cámara Federal porteña resolviera reabrir la causa (por 2 votos contra 1), el pasado 23 de marzo. Es que la investigación había sido cerrada tras la muerte de Bonadío por el primer juez que subrogó el juzgado federal N° 11, Marcelo Martínez de Giorgi, reseñó El Destape.