La abogada María Fernanda Petersen, con el respaldo del Observatorio de la Víctima de Delitos que depende de la Cámara de Diputados, solicitó el pedido de juicio político contra el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Claudio Brun, acusado por presunto mal desempeño de sus funciones. 

El pedido de juicio político en su contra fue presentado este domingo ante el Consejo de la Magistratura bonaerense y se constituyó en la primera que realizará el Observatorio, que funciona en la órbita del Congreso y cuenta con el respaldo del presidente de la Cámara baja, Sergio Massa.

A través del escrito, la abogada especificó que Brun "violó el artículo 5 de la Ley Nacional de Víctimas que se aplica en todo el país al ser de orden público" y que por tratarse "de un abuso a una joven, también se violó la ley 26.485 de "Protección Integral de las Mujeres".

En el marco de la polémica que levantó su resolución, el propio Claudio Brun, buscó revocar su fallo mediante el cual le había otorgado prisión domiciliaria al condenado por violación, Néstor Luis Ibars, devolviéndolo a  la cárcel de Villa Floresta.

En ese sentido, el magistrado habría tomado la decisión por incidentes que ocurrieron en las inmediaciones de la casa del condenado en Punta Alta, por parte de algún vecino que repudiaba su presencia. Por este motivo, y para resguardar a la familia de Ibars, decidió que esta misma noche regrese a la cárcel de Villa Floresta.

Ibars había sido condenado a siete años de prisión en noviembre de 2015 por abusar y dejar embarazada a una joven con retraso madurativo. Ahora, estaba cumpliendo el arresto domiciliario en una casa en donde había cinco menores. 

Sin embargo, en el pedido de juicio político, la abogada planteó que según la propia resolución de Brun "surge a todas luces" que el beneficiario de la domiciliaria "no se encuentra controlado por el sistema de monitoreo electrónico hasta tanto no finalice el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional, lo que pone en un situación de peligro y gravedad a la víctima".

Además, Petersen afirma que "existe una clara violación de los deberes propios a su cargo, puesto que el magistrado no ha realizado una aplicación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas en la causa", precisó.

Voceros parlamentarios adelantaron que se espera que todas las víctimas, abogados y colectivos de víctimas tengan un modelo simple y bien fundado que les permita seguir el Leading Case (el caso líder o testigo) y hacer las denuncias en cada caso donde se hayan operado libertades y beneficios irregulares.