El juez británico Nigel Teare del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra, sentenció que las 31 toneladas de oro venezolano que se encuentran en el Banco de Inglaterra no pueden ser manejadas por el Banco Central de Venezuela (BCV) ya que el “el gobierno de su Majestad reconoce a Guaidó en calidad de presidente constitucional interino de Venezuela”.

La justicia británica dictaminó entonces que quien tendrá acceso al oro en reclamación, valorado en cerca de 1.6 mil millones de dólares, será el “gobierno de Guaidó” a través de la “junta ad hoc del BCV” que designó en julio del 2019, pocos meses después de su autoproclamación. Insólito: ¿Tomarían igual decisión en Bolivia y Brasil, donde los respectivos presidentes llegaron a sus lugares a través de polémicas situaciones?

Por su parte, el Banco Central venezolano anunció que “apelará inmediatamente la absurda e insólita decisión de un tribunal inglés que pretende privar al pueblo venezolano del oro tan urgentemente necesario para hacer frente a la pandemia de covid-19”.

La demanda por el oro por parte del BCV había iniciado a finales del 2018. El reconocimiento en enero del 2019 de Guaidó como “presidente encargado” por parte de Gran Bretaña, congeló la respuesta del gobierno británico a la demanda venezolana, algo que el gobierno de Nicolás Maduro denunció diplomáticamente en reiteradas oportunidades.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, se refirió en su libro La habitación donde sucedió, una memoria de la Casa Blanca a esa decisión británica. Allí afirmó que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, estaba “encantado de cooperar” con Estados Unidos, “por ejemplo congelando los depósitos de oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra”.